Begoña Gómez pide a Peinado paralizar causa hasta resolver recurso contra jurado
La esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Begoña Gómez, ha solicitado al juez Juan Carlos Peinado, encargado de su investigación, que suspenda el proceso judicial hasta que la Audiencia Provincial resuelva los recursos presentados contra la decisión de derivar la causa a un juicio con jurado popular, en caso de que finalmente se celebre.
La defensa de Gómez, a través de un escrito al que Europa Press ha tenido acceso, pide formalmente que se detenga el procedimiento ante el tribunal del jurado, paralizando todos los plazos procesales mientras la Audiencia Provincial de Madrid resuelve los recursos interpuestos.
Antonio Camacho, abogado defensor, argumenta que continuar el proceso con los recursos pendientes podría llevar a un avance irreversible, creando una situación que no sería viable desde el punto de vista procesal.
Contexto del proceso
En febrero, la Audiencia Provincial de Madrid detuvo la orden del juez Peinado de llevar la investigación a un juicio con jurado popular, tras admitir un recurso de la defensa de Gómez. En aquel momento, el tribunal consideró que no existían indicios racionales que justificaran dicha resolución.
Sin embargo, un mes después, el juez instructor emitió un auto en el que sostenía que se habían identificado indicios suficientes para que la causa corresponda al tribunal del jurado.
Argumentos de la defensa
Camacho sostiene que sería incoherente y contrario a la lógica jurídica que el procedimiento prosiga requiriendo a los acusados presentar sus escritos de defensa y encaminándose a un juicio oral mientras están pendientes recursos que cuestionan justamente las resoluciones que ordenaron la apertura y continuación de este proceso.
Además, señala que aún no se han recibido los resultados de al menos cuatro informes solicitados a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ni se ha tomado declaración al testigo clave, el empresario José María Torres, prevista para esta semana, por lo que las diligencias continúan abiertas.
La defensa advierte que permitir que el proceso avance vulneraría derechos fundamentales como la tutela judicial efectiva y el derecho a un proceso con todas las garantías, además de generar un riesgo real de nulidad de actuaciones y situar a Gómez en una situación de indefensión material.
Desde el punto de vista de la economía procesal, Camacho considera que seguir adelante con la causa sin resolver los recursos pendientes es desaconsejable, puesto que la aceptación de alguno de ellos obligaría a retrotraer las actuaciones, con el gasto de tiempo y recursos judiciales que ello implicaría, así como un perjuicio para todas las partes implicadas.
Acusación popular y peticiones
En abril, el juez propuso juzgar a Begoña Gómez por presuntos delitos que incluyen tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida, pero excluyó el cargo de intrusismo profesional. También están implicados su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.
La acusación popular liderada por Hazte Oír solicita la apertura del juicio y pide 24 años de prisión para la esposa del presidente, además de la prohibición de salida del país y la retirada del pasaporte ante el riesgo de fuga.
Asimismo, la asociación reclama 22 años de cárcel para la asesora de Gómez y seis años para el empresario Barrabés. Esta agrupación actúa en representación de varias acusaciones populares en el caso, entre ellas Vox, Manos Limpias, Iustitia Europa y el Movimiento de Regeneración Política de España.