Cerdán ha solicitado al Tribunal Supremo que agilice la revisión de su patrimonio
El que fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha solicitado al juez del Tribunal Supremo que le investiga que se dé un "impulso procesal" al informe relativo a su patrimonio. Según expone su defensa, el objetivo es proteger su "presunción de inocencia", que considera afectada por las "atribuciones delictivas" dirigidas contra él y su familia.
- Petición al Tribunal Supremo
- Impacto en la presunción de inocencia
- Argumentos sobre alternativas y cifras
- Material disponible y enlace
Petición al Tribunal Supremo
En un escrito recogido por Europa Press, la defensa del exdiputado pide al magistrado que instruye el 'caso Koldo' que "acuerde conceder a esta parte protección a su derecho fundamental a la presunción de inocencia". La solicitud se apoya en la denuncia de "la demora en la presentación del informe de situación patrimonial" por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El documento plantea que, ante la falta de incorporación del informe patrimonial, se mantendrían en el tiempo señalamientos sobre la situación económica del investigado sin un resultado "concreto y definido" que permita despejar o confirmar extremos reflejados en actuaciones.
Demora del informe de la UCO
Los letrados destacan el "resultado de la actividad investigadora desarrollada con evidente impacto en la presunción de inocencia" de Cerdán. Sostienen que, "a la vista de la demora en la aportación del resultado concreto y definido de los informes patrimoniales", ese escenario se consolida "en la opinión pública con el paso del tiempo como verdad oficial a pesar de no gozar de material apto destinado a probar la culpabilidad" del exdirigente socialista.
En esa línea, el escrito subraya que se considera necesario que, con la mayor brevedad posible, se requiera a los agentes para que aporten a las actuaciones el informe sobre la investigación patrimonial realizada a Cerdán.
Impacto en la presunción de inocencia
La representación de Santos Cerdán afirma que, desde que se conociera el informe que destapó su presunta implicación en el caso, "vienen publicándose en los medios de comunicación todo tipo de atribuciones delictivas" contra el exdiputado y su familia. Añade que, según su planteamiento, esas publicaciones no se basan en "meras invenciones" de los medios.
En concreto, la defensa sostiene que se trata de informaciones extraídas parcialmente de los atestados de la Guardia Civil y, por extensión, de resoluciones dictadas por el propio tribunal. En el escrito se cuestiona que dichos contenidos circulen sin que el informe patrimonial se haya incorporado de forma oportuna a las actuaciones.
Difusión en medios y atestados
La petición incide en que el problema, tal como se expone, no se limita a la repercusión mediática, sino a la persistencia del relato mientras falta el resultado patrimonial. La defensa recalca que la demora haría que determinadas afirmaciones queden instaladas durante más tiempo del que consideran razonable sin verificación completa en el procedimiento.
El escrito también remarca la necesidad de que el informe llegue al juzgado para que el contenido que circula en el ámbito público pueda contrastarse con un documento "concreto y definido" dentro del marco del proceso.
Argumentos sobre alternativas y cifras
La defensa asegura que "No existe otra alternativa para subsanar esta situación. No le es posible a esta parte acudir a la protección civil de los derechos de la persona de nuestro representado porque la mayoría de las publicaciones se limitan a reproducir bajo la técnica del llamado reportaje neutral las afirmaciones contenidas en atestados y resoluciones judiciales".
Según el escrito, esa circunstancia reforzaría la petición de que el procedimiento avance en lo relativo al informe patrimonial, al considerar que la vía civil no permitiría corregir el impacto de lo difundido cuando procede de documentos incorporados o citados en sede judicial.
Referencias a Servinabar y negaciones
Como ejemplo, la defensa menciona el auto por el que se acordó enviar a prisión provisional a Cerdán el pasado junio, aunque posteriormente el juez le puso en libertad en noviembre. En ese auto se afirmaba que éste "podría haber recibido al menos 4.500.000 euros".
Sobre esa frase, los abogados sostienen que "Esta manifestación contenida en una resolución judicial debe ser o confirmada por la Policía Judicial o expresamente descartada pero no puede quedar en el aire, sin más concreción o confirmación".
En el mismo escrito se recoge que los investigadores han señalado a Cerdán como dueño del 45% de una empresa, Servinabar, a la que se atribuye actuar como pantalla para el cobro de sobornos procedentes de adjudicaciones de obra pública. La defensa afirma que se ha negado la titularidad de ese porcentaje atribuido por la fuerza actuante y el instructor.
Además, los letrados añaden que, según su versión, "tampoco es cierto que Servinabar sea una empresa pantalla", manteniendo así la discrepancia con lo reflejado por los investigadores en el marco de la causa.
Menciones a beneficios al "entorno familiar"
En uno de sus últimos informes, la UCO señala que Cerdán y su "entorno familiar" se beneficiaron de Servinabar, una de las empresas que habría resultado favorecida con los presuntos amaños de obra pública que investiga el Tribunal Supremo. Ese beneficio se concreta en el cobro de nóminas, alquileres de casas y una tarjeta de crédito.
La defensa insiste en que la aportación del informe patrimonial permitiría delimitar con precisión el alcance de los extremos investigados, al tratarse de un documento que consideran clave para evitar que determinadas afirmaciones permanezcan sin contraste procesal en el tiempo.