Choques con CCAA y huelgas sanitarias: año polémico en el Ministerio de Sanidad
Las fricciones entre el Ministerio de Sanidad y varias comunidades autónomas gobernadas por el PP han condicionado gran parte de la agenda sanitaria nacional en 2025. Entre los principales focos han figurado los problemas en los programas de cribado de cáncer y el debate sobre la puesta en marcha de un registro de objetores de conciencia en materia de aborto.
Este clima también se ha trasladado a la dinámica del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). La sucesión de reuniones y desacuerdos ha evidenciado una relación compleja entre administraciones, en paralelo a las protestas de profesionales sanitarios por la reforma del Estatuto Marco.
En este contexto, el año ha quedado marcado por cruces de acusaciones, anuncios de posibles acciones judiciales y un pulso sindical sostenido. Al mismo tiempo, se han registrado acuerdos y aprobaciones relevantes en salud pública, salud mental y prestaciones del Sistema Nacional de Salud (SNS).
- Choques en el CISNS y competencias
- Cribados de cáncer y entrega de datos
- Registro de objetores y requerimientos
- Amenazas judiciales y caso Torrejón
- Estatuto Marco, huelgas y posiciones sindicales
- Fondos y desacuerdos con el PP
- Medidas aprobadas y nuevos planes
Choques en el CISNS y competencias
La relación entre Sanidad y las comunidades autónomas se ha plasmado en repetidos encuentros del CISNS. La tensión escaló hasta el punto de que los consejeros del PP terminaron por abandonar la negociación en la reunión celebrada a finales de octubre en Zaragoza.
Las autonomías gobernadas por el PP acusaron a la ministra de Sanidad, Mónica García, de invadir competencias y de dar un uso partidista al Consejo. El conflicto se intensificó tras la petición del Gobierno para recabar información sobre cribados, en un contexto de controversia por los retrasos de mamografías en Andalucía.
Cribados de cáncer y entrega de datos
La solicitud de datos se centró en los programas de cribado de cáncer de mama, colorrectal y cérvix. En la fase inicial del enfrentamiento, García sostuvo que las comunidades del PP se negaban a facilitar la información y llegó a plantear la posibilidad de emprender acciones legales.
Con el paso de los meses, la situación se fue desbloqueando. En el momento actual, solo la Comunidad de Madrid quedaba pendiente de entregar los datos, y desde su Consejería de Sanidad se ha indicado que el envío se realiza en tiempo y forma dentro del trabajo de la Comisión de Salud Pública.
Registro de objetores y requerimientos
El cruce de posiciones entre Sanidad y la Comunidad de Madrid no se limitó a los cribados. Madrid se ha negado a implantar un registro de objetores de conciencia del aborto, al considerar que la medida afecta a la libertad de objeción.
Desde el Ministerio se ha defendido que se trata de un listado anónimo y que su finalidad es responder a la inexistencia de servicios públicos de aborto en algunos territorios. En este marco, Sanidad remitió un requerimiento formal a Madrid, Aragón y Baleares para exigir el cumplimiento de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2023.
Amenazas judiciales y caso Torrejón
En paralelo al requerimiento, se advirtió a la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, de la apertura de un proceso judicial ante lo que el Ministerio describió como una “rebelión” frente a la ley, la democracia y las mujeres de la región.
A comienzos de diciembre, la consejera madrileña Fátima Matute señaló no haber recibido las denuncias anunciadas por Sanidad por la falta del registro, ni tampoco la vinculada a la Alta Inspección Médica sobre el Hospital de Torrejón, una de las últimas controversias del año.
Este episodio se conoció tras la filtración de audios atribuidos al entonces CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart. En ellos se daban indicaciones para rechazar pacientes o descartar prácticas consideradas no rentables en el citado hospital, de titularidad pública y gestión de la compañía. La empresa defendió su actuación y afirmó que el audio estaba descontextualizado.
Estatuto Marco, huelgas y posiciones sindicales
La reforma del Estatuto Marco de los trabajadores sanitarios ha sido otro eje central de 2025. El Ministerio ha afrontado, por un lado, la presión de los sindicatos del Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF) y, por otro, la oposición de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA).
Con el primer bloque sindical se alcanzó un preacuerdo que contempla la eliminación de guardias de 24 horas, la reducción de la jornada semanal a 35 horas, la obligación de OPE cada dos años y avances en jubilación parcial y anticipada cuando se cumplan los requisitos legales.
En cambio, CESM y SMA rechazaron el texto y reclamaron un estatuto propio para la profesión médica. Sanidad se ha negado con el argumento de que esa vía rompería la cohesión del SNS. Esta discrepancia ha derivado en huelgas y protestas diferenciadas de las del resto de sindicatos del Ámbito.
Además, el PP registró una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados para exigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la retirada de la reforma del Estatuto Marco impulsada por el Ministerio de Sanidad, lo que ha profundizado en el desencuentro político.
Fondos y desacuerdos con el PP
Los choques también se produjeron tras la aprobación en el Consejo de Ministros de partidas por 172 millones de euros para reforzar la Atención Primaria, 39 millones para salud mental y otros 18 millones para prevención del suicidio.
El PP calificó el importe de insuficiente y reclamó medidas frente a la falta de profesionales en Atención Primaria. Enlazando con el ritmo de la negociación del Estatuto Marco en ese momento, se acusó al departamento dirigido por Mónica García de no querer mejorar las condiciones de los médicos generales y de familia.
Medidas aprobadas y nuevos planes
Pese a la conflictividad, Sanidad logró acuerdos con casi todas las fuerzas parlamentarias para sacar adelante la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP). El organismo busca reforzar la preparación y la respuesta ante riesgos y amenazas graves para la salud, tras un primer rechazo motivado por la protesta ante el veto del Gobierno a enmiendas vinculadas a otra norma.
También se aprobó el Plan de Salud Mental 2025-2027, el Modelo de Plan de Seguimiento Individualizado del Largo Superviviente de Cáncer Infantil y la incorporación de nuevos cribados neonatales a la cartera de servicios del SNS. A ello se sumaron nuevos fondos para la lucha contra el cáncer y el Plan VEO para financiar gafas y lentillas a menores de 16 años.
Por último, se asignaron 500 millones de euros a la ley ELA para reforzar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y atender a pacientes con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y otras enfermedades complejas, después de un año desde su aprobación en el Congreso sin financiación asignada.