Consejo aprueba nuevo copago farmacéutico progresivo y mayor protección a pensionistas
El Gobierno ha introducido por primera vez límites mensuales para el copago de medicamentos dirigido a personas activas con ingresos inferiores a 35.000 euros. Esta medida busca mejorar la equidad en el acceso a la medicación, adaptando el sistema a la realidad económica de muchos hogares.
La modificación fue aprobada en el Consejo de Ministros y establece un nuevo esquema de aportación para usuarios, que incluye seis tramos diferentes para la población activa y cuatro para los pensionistas. De este modo, se busca corregir las desigualdades actuales y proteger especialmente a los pacientes crónicos con rentas bajas o medias.
Para personas activas y sus beneficiarios, el nuevo modelo divide las rentas en seis categorías. Quienes ganan menos de 9.000 euros continúan pagando un 40% del precio del medicamento, con un tope mensual de 8,23 euros. Entre 9.000 y 17.999 euros, se aplica también un 40% con un límite de 18,52 euros. Entre 18.000 y 34.999 euros, el copago aumenta al 45%, pero con un máximo mensual de 61,75 euros. En ingresos superiores a 35.000 euros, se mantienen porcentajes del 45%, 50% y 60% en distintos rangos salariales, sin tope mensual para estos últimos grupos.
Anteriormente, el sistema establecía un copago del 40% para rentas inferiores a 18.000 euros, un 50% para aquellas entre 18.000 y 99.999 euros y un 60% para rentas superiores a 100.000 euros, sin límites mensuales que restringieran el gasto en casos de tratamientos prolongados.
En cuanto a los pensionistas, se han reajustado los tramos para hacer aún más justo el copago. Los pensionistas con ingresos inferiores a 18.000 euros mantienen un pago del 10% con un límite mensual de 8,23 euros. Se añadió un nuevo tramo para rentas de 18.000 a 59.999 euros, donde el copago sigue siendo del 10%, pero con un tope mensual reducido a 13,37 euros. Para rentas entre 60.000 y 99.999 euros se mantiene el 10% con un tope de 18,52 euros, y para rentas superiores a 100.000 euros se fija un copago del 60% con un máximo mensual de 61,75 euros. Además, se garantiza la exención automática para complementos por mínimos para que la revalorización de pensiones no se vea afectada.
Hasta antes de esta reforma, los pensionistas pagaban un 10% del precio del medicamento con tres tramos de límite mensual: 8,23 euros para ingresos hasta 18.000 euros, 18,52 euros para ingresos entre 18.000 y 100.000 euros y 61,75 euros para rentas superiores, como máximo.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que esta reforma no implica un aumento en el gasto que deben asumir los ciudadanos por medicamentos, sino que busca que el Estado asuma una mayor parte, disminuyendo la carga económica para las rentas bajas y medias.
Impacto financiero y objetivos de la reforma
Se estima que el impacto presupuestario de esta medida será de 265,63 millones de euros. Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, destacó que la norma pretende asegurar que las condiciones económicas no sean un obstáculo para el acceso a los medicamentos, especialmente para pacientes con enfermedades crónicas o tratamientos intensivos.
Impulse por los ministerios de Sanidad y Hacienda, esta reforma también busca evitar interrupciones en los tratamientos vinculadas a dificultades económicas. Los análisis técnicos del Comité Asesor de la Prestación Farmacéutica señalan que niveles elevados de aportación pueden afectar negativamente la adherencia terapéutica y, por ende, la salud de los pacientes y el funcionamiento del sistema de salud.
Las exenciones vigentes para colectivos vulnerables continúan vigentes, incluyendo beneficiarios del ingreso mínimo vital, perceptores de pensiones no contributivas, desempleados sin prestación, menores con discapacidad reconocida y afectados por accidentes laborales o enfermedades profesionales. Se incorpora asimismo la exención para quienes reciben el complemento de ayuda para la infancia.
- Modificación del copago para personas activas
- Reajustes en los tramos para pensionistas
- Impacto financiero y exenciones