La CNMC sugiere establecer los 18 años para publicar imágenes en redes sociales
El viernes pasado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) propuso establecer la edad mínima de consentimiento en 18 años para publicar imágenes personales en redes sociales. Además, sugirió reconsiderar la actual presunción de madurez a los 16 años en el ámbito digital, equiparándola al criterio vigente en el sector audiovisual.
Estas recomendaciones forman parte de las aportaciones realizadas ante la nueva ley de protección del derecho al honor, que incorpora medidas para proteger la imagen, el honor y la intimidad en el entorno digital.
El objetivo de esta reforma es actualizar la normativa en un contexto marcado por la digitalización, donde las plataformas, la inteligencia artificial (IA) y la rápida divulgación de contenidos aumentan las vulneraciones. La CNMC señala que el texto enviado por el Ministerio para la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes aborda cuestiones como la regulación de contenidos creados o manipulados mediante tecnología, denominados "ultrafalsificaciones" o deepfakes.
- Protección del derecho al honor en el entorno digital
- Recomendaciones de la CNMC para la reforma normativa
Protección del derecho al honor en el entorno digital
Se hace especial énfasis en clarificar el régimen del consentimiento, que contempla una presunción de madurez para menores a partir de los 16 años. La actualización también revisa las excepciones relacionadas con la libertad de información y la creación artística, e incorpora criterios más detallados para establecer indemnizaciones por daños morales, buscando una mayor eficacia en las reparaciones.
La CNMC considera que esta modernización es beneficiosa, pues protege los derechos fundamentales adaptándolos a las nuevas realidades digitales, y lo hace sin imponer restricciones sobre el acceso o la actividad económica. Destaca que puede favorecer la transparencia y la confianza en el entorno digital.
Recomendaciones de la CNMC para la reforma normativa
Entre las propuestas para fortalecer la seguridad jurídica, la protección de menores y la coherencia regulatoria, se recomienda ajustar la redacción referente a las "ultrafalsificaciones" o deepfakes para alinearla con la definición establecida en el Reglamento europeo de Inteligencia Artificial, reduciendo la ambigüedad legal.
También se subraya la necesidad de ampliar ciertas excepciones legales para abarcar acciones ya emprendidas por autoridades de competencia en procesos sancionadores, entre otros aspectos.
