Sanz: "Conozco a Julio Iglesias y me cuesta mucho creer esto"
Alejandro Sanz se ha pronunciado sobre las acusaciones presentadas contra el cantante Julio Iglesias por dos exempleadas de su servicio doméstico, que le atribuyen presuntas agresiones sexuales. El artista ha pedido prudencia y ha señalado la necesidad de esperar a lo que determinen los tribunales.
En ese contexto, Sanz ha indicado que, por la relación personal que mantiene con Iglesias, le resulta difícil creer que pudiera intentar abusar. Aun así, ha subrayado que una valoración completa requiere conocer las pruebas y el desarrollo del procedimiento.
Las declaraciones se han producido con motivo del estreno de 'Cuando nadie me ve', la serie documental original de Movistar Plus+ que llega este martes 27 de enero.
Postura de Alejandro Sanz
El cantante ha planteado que cualquier opinión definitiva debería llegar cuando exista un juicio y el proceso avance por los cauces previstos. Según ha expresado, en este momento no se dispone de elementos suficientes para sostener una valoración plenamente formada.
En su reflexión, ha insistido en que el asunto debe esperar a lo que determine un juez, tras la revisión de pruebas y el desarrollo de las actuaciones. También ha advertido del impacto que puede generar un juicio mediático en términos de reputación.
Prudencia y presunción de inocencia
Sanz ha señalado que, ante este tipo de denuncias, deben activarse los mecanismos judiciales y seguirse de forma estricta. Al mismo tiempo, ha recalcado la importancia de mantener la presunción de inocencia, al considerar que la exposición pública previa puede provocar daños difíciles de revertir.
En esa línea, ha apuntado que la protección de una mujer ante un posible abuso y el respeto a las garantías procesales deben sostenerse de manera simultánea mientras se esclarecen los hechos.
Archivo por falta de competencia
El pasado viernes 23 de enero, la Fiscalía de la Audiencia Nacional acordó archivar las diligencias abiertas por estas presuntas agresiones sexuales. La decisión se adoptó por la falta de competencia del tribunal para investigar hechos que, según lo indicado, habrían sucedido en el Caribe.
En el decreto de archivo, recogido por Europa Press, el Ministerio Público fundamenta su decisión en la falta de jurisdicción de los tribunales españoles y, por extensión, en la falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para continuar con esa investigación preprocesal.
Criterio de la Fiscalía y vía a seguir
Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que esta decisión no es recurrible. En la resolución, el Ministerio Fiscal comunica a las denunciantes que, si así lo consideran, la opción que queda es presentar la denuncia ante los órganos judiciales competentes.
La Fiscalía también recuerda la doctrina del Tribunal Supremo, según la cual no corresponde a España investigar hechos cometidos fuera de sus fronteras cuando otro Estado tiene una competencia clara y efectiva, y no existe motivo para no impulsar las acciones penales en ese país.
Alcance de la jurisdicción
El escrito expone que, aunque el delito de trata de seres humanos —uno de los denunciados— puede perseguirse de forma extraterritorial, se requiere que el procedimiento se dirija contra una persona española y que existan elementos de conexión material con España, como la nacionalidad o residencia de las víctimas en el país.
En este caso, el Ministerio Fiscal indica que las víctimas son extranjeras, que no residen en España y que los hechos se atribuyen a países considerados plenamente competentes para conocerlos. Añade que los denunciados —además de Iglesias, un ciudadano brasileño y otro colombiano— tampoco residen en España.
La resolución señala, además, que la Audiencia Nacional ha confirmado en otros supuestos que España no resulta competente para investigar delitos cometidos en el extranjero cuando no existan vínculos relevantes con el país. En especial, se alude a escenarios en los que las víctimas son extranjeras y no residentes, los presuntos autores también lo son o no se encuentran en España, y los hechos se investigan o pueden investigarse en el Estado donde ocurrieron.