Adif rechazó transformar sus contrataciones en subastas como proponía Transportes
La propuesta del Ministerio de Transportes para otorgar mayor importancia al precio en las licitaciones de obras públicas, reduciendo la valoración de criterios técnicos, fue rechazada tanto por el sector de la construcción como por Adif. Ambos sectores negaron rotundamente la iniciativa presentada para modificar los pliegos y priorizar las ofertas económicas en detrimento de otros factores.
Esta medida se planteó tras el escándalo de corrupción que involucró al exministro José Luis Ábalos y al antiguo secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Se sospecha que hubo manipulación en adjudicaciones públicas a cambio de comisiones ilegales. En respuesta, el actual ministro Óscar Puente impulsó un cambio en los criterios de contratación, buscando limitar la subjetividad y evitar posibles adjudicaciones irregulares, centrando la evaluación en el aspecto económico.
- La resistencia del sector a las subastas
- Impacto en la contratación de conservación de carreteras
- Crisis interna en el Ministerio de Transportes
Sin embargo, la industria de la construcción y Adif alertaron sobre los riesgos que supone convertir las licitaciones en simples subastas. Señalaron que grandes proyectos requieren valorar no solo el precio, sino también la experiencia y capacidad técnica del adjudicatario, para evitar problemas en su ejecución.
La resistencia del sector a las subastas
Las posibles deficiencias del nuevo sistema fueron también señaladas por las empresas dedicadas a la conservación de las carreteras. En este caso, no pudieron evitar que el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, firmara los nuevos pliegos diseñados bajo el esquema de subasta económica.
Desde este sector critican que se les ha convertido en un modelo de prueba para un mecanismo cuestionado incluso entre funcionarios del propio ministerio. Según publicó LA RAZÓN el 20 de marzo de 2026, la patronal Acex, que agrupa a compañías como Acciona, OHLA, Sacyr o Eiffage, ha manifestado su insatisfacción de forma pública con estos cambios.
Acex sostiene que reducir la adjudicación casi exclusivamente al precio rompe el equilibrio establecido en la Directiva 2014/24/UE, que exige competencia, transparencia y defensa del interés general en la contratación pública. En sus palabras, "el nuevo sistema se aleja del espíritu de la Ley de Contratos del Sector Público, que no es otro que lograr la mejor relación calidad-precio, con los consiguientes riesgos: bajas excesivas, deterioro progresivo del servicio, menor calidad del empleo y pérdida de innovación".
Impacto en la contratación de conservación de carreteras
Para la patronal, estas subastas favorecen únicamente la oferta económica más baja, dejando en segundo plano aspectos esenciales como la calidad técnica, la seguridad vial, la innovación y la sostenibilidad ambiental. Consideran que estos factores son determinantes para la eficiencia de los servicios a largo plazo.
Además, Acex critica que presentar simples incrementos cuantitativos —como más kilómetros o mayor volumen— como “mejoras” no se ajusta al verdadero concepto jurídico de mejora. Se trata, en realidad, de transformar la calidad en un criterio meramente numérico, centrado en hacer más en lugar de hacer mejor.
El sector alerta del riesgo de que estas condiciones conduzcan a proyectos con menor durabilidad y costes futuros más elevados, dado que se podrían emplear materiales de menor calidad o simplificar procesos técnicos para mantener la competitividad bajo presión económica.
Crisis interna en el Ministerio de Transportes
Las discrepancias derivadas de los pliegos para la conservación de carreteras trascendieron a las discusiones técnicas y empresariales. En febrero de 2026, Paula Pérez, quien entonces desempeñaba el cargo de subdirectora general de Conservación y Gestión de Activos en el Ministerio de Transportes, abandonó su puesto debido a sus diferencias con la dirección del departamento.