La presidenta del TSJ alerta sobre el colapso judicial por violencia machista en Castilla-La Mancha
- Crisis en los juzgados por violencia de género
- Dificultades para cubrir las plazas en la región
- Desafíos en la justicia castellanomanchega
Crisis en los juzgados por violencia de género
La presidenta del Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha, María Pilar Astray, alertó sobre el alarmante colapso que sufren los tribunales de la región en materia de violencia de género. Esta situación afecta directamente a las víctimas y se debe, sobre todo, a la escasez de personal. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, Astray reclamó "medidas urgentes, activas y materiales para que ese compromiso sea real y tenga realmente eficacia" frente a las agresiones machistas.
María Pilar Astray mostró numerosos expedientes y denuncias acumuladas en la sección de Violencia de Género y explicó que sus demandas para aumentar la plantilla se han dirigido al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial, pero han quedado sin respuesta ni valoración. La falta de atención rápida puede ser crítica, ya que, según advirtió, "el tiempo se nos echa encima y el problema de la violencia es que en cualquier momento algo que se ha quedado sin atender puede tener una importancia vital".
Además, la magistrada puso en relieve la complejidad del trabajo en esta área, que combina competencia civil y penal, incluyendo sentencias de divorcio con medidas de protección. En las guardias solo se atienden los casos más urgentes, mientras que las diligencias de prueba sufren retrasos que prolongan la tensión y el peligro para las víctimas.
Dificultades para cubrir las plazas en la región
Un factor que complica aún más la situación es la alta demanda constante en los juzgados de violencia de género, donde la urgencia es fundamental y la oleada diaria de detenidos exige recursos humanos que no están disponibles. María Pilar Astray señaló que Castilla-La Mancha necesita urgentemente más personal especializado, no solo para reforzar las nuevas plazas creadas en los Tribunales de Instancia, sino porque "las plantillas llevan años sin dimensionarse y nos enfrentamos a una escasez de jueces y funcionarios".
En Ciudad Real, por ejemplo, si bien se añadió una plaza específica para violencia de género, esta no fue acompañada por el personal necesario para su funcionamiento óptimo. Toledo también sufre una situación crítica: la segunda plaza creada tiene un déficit importante debido a la demanda de localidades como Illescas, que suma casos al volumen de la capital provincial. Además, la reciente ausencia de funcionarios temporales dificulta aún más la situación, ya que el trabajo implica largas jornadas sin remuneración extra, lo que reduce el interés para cubrir estas plazas.
Otras localidades como Ocaña y Talavera afrontan grandes acumulaciones de casos y plantillas obsoletas, diseñadas para otra época. Esta realidad limita la capacidad para cumplir con los mínimos legales a pesar de la buena voluntad y adaptabilidad del personal. Guadalajara comparte además la carencia de salas de vistas adecuadas para atender estos procedimientos.
Un reto adicional es la baja litigiosidad en zonas poco pobladas, afectadas por la despoblación rural, que deja sin cubrir vacantes necesarias. En contraste, las grandes ciudades atraen a profesionales, lo que impide que estas plazas reciban la atención requerida, especialmente frente a la competencia de otras comunidades.
Desafíos en la justicia castellanomanchega
Astray explicó que este problema coincide con una etapa de transición para la justicia regional, debido a la implantación de los Tribunales de Instancia. Esta reorganización ha provocado incidencias especialmente en Albacete, donde las reasignaciones y cambios organizativos han generado confusión entre los profesionales sobre roles y contactos. La presidenta confía en que esta situación mejore, aunque lamenta que "habrá cosas que no podamos solventar si nacemos con una plantilla infradotada por muy eficaz que sea la implantación".
Para enfrentar la crisis actual, la presidenta pidió "medidas de choque por unos cuatro meses" que permitan reducir el estrés acumulado en los juzgados y atender la avalancha de asuntos pendientes. Insistió en la necesidad de que el Ministerio de Justicia les escuche y actúe para evitar que la situación siga empeorando y ponga en riesgo la protección de las víctimas.
