Urtasun reconoce al videojuego como industria pujante y anuncia apoyo económico
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha destacado este sábado el peso creciente de la industria del videojuego en España, describiéndola como una de las "grandísimas industrias pujantes" y un sector esencial para la economía nacional. Tras el agotamiento de las ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), Urtasun ha reafirmado el compromiso del Ministerio para continuar apoyando esta área estratégica con fondos propios.
Según Urtasun, España se posiciona como la tercera potencia europea en el sector del videojuego. En la última década, el volumen de negocio ha experimentado un crecimiento exponencial, pasando de 300 millones a más de 2.700 millones de euros, gracias a un mercado con 22 millones de usuarios y cerca de 800 desarrolladoras activas en el país.
Estas declaraciones se realizaron durante la visita del ministro a la feria ‘Mad Games Show’, evento clave para fortalecer y dar visibilidad a esta industria. Urtasun también subrayó que, una vez finalizada la financiación del PRTR, que aportó 22 millones de euros al sector, el Ministerio mantendrá su respaldo institucional con inversiones propias.
Videojuegos, una industria clave para España
El ministro incidió en que los videojuegos no solo representan una actividad tecnológica, sino también un valor cultural de primer orden, aportando un importante peso en las industrias culturales españolas. Destacó iniciativas como el protocolo ‘Equal Play’, que fomenta la igualdad de género, y otras destinadas a promover un consumo responsable entre la juventud.
Ernest Urtasun remarcó la apuesta firme y sostenida del Gobierno: "Vamos a seguir apostando" por la industria del videojuego, reconociendo su papel fundamental en el futuro económico y cultural del país.
Negociación actual sobre la prórroga de los alquileres
Por otra parte, el ministro se refirió al debate en curso para aprobar la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler que finalizan en 2026 y 2027, propuesta en un real decreto ley que establece un límite máximo de dos años. Urtasun aseguró que Sumar y el Gobierno mantienen "conversaciones muy intensas" con los distintos grupos parlamentarios para conseguir la convalidación de esta medida.
La ronda de negociaciones está prevista para la próxima semana y se espera que la votación en el Congreso se realice hacia finales de mes. El objetivo es evitar que los inquilinos pierdan sus contratos o sufran subidas excesivas en las rentas, limitando la actualización ligada al IPC a un máximo del 2%.
"Vamos a trabajar de forma muy intensa para que ningún inquilino se pueda quedar sin contrato de alquiler porque no se lo renuevan o tenga que afrontar una subida de 300 o 400 euros", concluyó Urtasun, enfatizando la prioridad del Ejecutivo en garantizar estabilidad para los arrendatarios.