Un tercio de los arrendatarios destina más de la mitad de sus ingresos al alquiler
Una tercera parte de quienes viven en alquiler destinan más de la mitad de sus ingresos a esta cuota, y entre quienes dedican más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler, este porcentaje asciende al 85%. Además, el 61% afirma que no puede ahorrar debido al elevado costo de la renta, de acuerdo con el informe 'La vivienda, cimiento de desigualdades' elaborado por Oxfam Intermón.
El estudio revela que el 58% de los arrendatarios ve poco factible comprar una vivienda en el futuro, mientras que únicamente un 14,4% se muestra esperanzado. La herencia está jugando un papel importante en la obtención de una casa: el 21,2% de quienes ya poseen una están preparados para heredar otra, en contraste con el 11,6% entre quienes alquilan.
En hogares con hipoteca, la presión económica también es elevada: el 62% destina más del 30% de sus ingresos a pagar la vivienda, y una quinta parte supera el 50%.
Esto contrasta con quienes ya quitaron la hipoteca, dado que en el 60% de estos hogares se consigue ahorrar cada mes.
Alejandro García-Gil, responsable de políticas de protección social y empleo de Oxfam Intermón y autor del informe, advierte que el acceso a la vivienda es particularmente complicado para inquilinos, quienes no logran acumular ahorro para la entrada de una hipoteca, perpetuando así la denominada "trampa del alquiler".
Además, García-Gil subraya que el creciente peso de la herencia como método para acceder a la vivienda genera una desigualdad profunda que podría hacer que en el futuro quienes ya son propietarios tengan mayor expectativa de recibir un inmueble en herencia que quienes no lo son.
- El impacto del alquiler en el ahorro
- Los desahucios invisibles y sus consecuencias
- Medidas urgentes para proteger a los inquilinos
El impacto del alquiler en el ahorro
El informe demuestra que la forma de acceso a la vivienda es un factor de desigualdad creciente, superando incluso al nivel de ingresos. Con salarios similares, vivir en alquiler reduce significativamente la capacidad de ahorro.
Esta diferencia se acentúa más en segmentos salariales bajos: entre quienes cobran el salario mínimo interprofesional (SMI), la probabilidad de ahorrar es 25 puntos porcentuales mayor para quienes tienen vivienda propia pagada (58,6%) frente a quienes alquilan (32,4%).
Una persona propietaria con ingresos en torno al SMI --1.184 euros en 2025-- tiene una capacidad de ahorro superior a la de un arrendatario que gane 2.000 euros.
Asimismo, un inquilino con un salario de 2.000 euros al mes presenta prácticamente la misma probabilidad de ahorro (51,9%) que alguien con una hipoteca que percibe 1.500 euros (50,2%).
Los desahucios invisibles y sus consecuencias
El análisis señala que una de cada tres personas que pagan alquiler —alrededor de tres millones— sufrió "desahucios invisibles" en el último año, que son terminaciones de contrato o subidas excesivas que obligan a mudanzas forzadas. Este fenómeno afecta especialmente a personas extracomunitarias (37%) y a jóvenes menores de 35 años (31,9%).
Entre los menores de 35 años, la mitad debió regresar al hogar familiar. Además, el 60% de estas mudanzas implicó abandonar el barrio o municipio de referencia, debilitando las redes sociales y comunitarias.
El encarecimiento del alquiler también conlleva sacrificios en la calidad de vida: el 13% de quienes viven de alquiler comparten su vivienda con personas sin parentesco, cifra que asciende al 22% en población migrante y al 27,7% en jóvenes de entre 25 y 34 años.
Compartir casa no es exclusivo de la juventud, ya que afecta a una de cada diez personas entre 35 y 54 años.
Las dificultades financieras alcanzan también a los gastos esenciales: el 19,2% de la población fue incapaz de pagar suministros básicos en el último año. Esta carencia energética impacta a casi tres de cada diez inquilinos, jóvenes o migrantes, afectando el mantenimiento de una temperatura adecuada y el pago de electricidad, agua o gas.
Medidas urgentes para proteger a los inquilinos
Ante esta situación, Oxfam Intermón demanda una respuesta coordinada entre Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos para proteger a los 60.000 hogares vulnerables que están en riesgo de desahucio tras la retirada del 'escudo social'.
Solicitan reforzar la protección de los inquilinos a través de la regulación en los precios del alquiler y la ampliación de la duración de los contratos.
Paralelamente, piden detener las prácticas especulativas y avanzar hacia un sistema fiscal basado en el uso de la vivienda. También proponen aumentar el parque público de vivienda y promover modelos alternativos.
Alejandro García-Gil enfatiza que es urgente actuar para garantizar que vivir en alquiler sea una opción asequible, digna y estable, que posibilite el desarrollo de un proyecto de vida con seguridad y permita, al mismo tiempo, que quienes quieran acceder a una vivienda en propiedad puedan hacerlo.