Extrabajadoras de Julio Iglesias acuden a la ONU por "temor a represalias"
La organización Women's Link ha remitido una comunicación urgente a seis mecanismos especiales de la ONU para solicitar su intervención en el caso de dos extrabajadoras del cantante Julio Iglesias, quienes temen posibles represalias. Las exempleadas denunciaron haber sufrido abusos en sus residencias ubicadas en Bahamas y República Dominicana durante 2021.
Esta acción ante la ONU se presenta tras la querella interpuesta el 3 de septiembre ante la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia español, tal como ha indicado la ONG que asesora y representa a las denunciante en el proceso.
- Intervención de la ONU en el caso
- Preocupaciones y solicitudes de Women's Link
- Antecedentes jurídicos y denuncias previas
Intervención de la ONU en el caso
El abogado del cantante, José Antonio Choclán, comentó a Europa Press la semana pasada que no han recibido "noticia formal" sobre la querella presentada. Agregó que ya se declaró la falta de jurisdicción española y añadió que no podían ofrecer más información.
La comunicación urgente fue dirigida, entre otros, a la Relatora Especial sobre violencia contra mujeres y niñas, al Grupo de Trabajo sobre discriminación hacia este grupo, y a la Relatora Especial sobre esclavitud contemporánea y trata de personas.
Preocupaciones y solicitudes de Women's Link
En la petición, la organización expresa su inquietud porque el Estado español no esté cumpliendo con el deber de investigar las denuncias presentadas. Solicita a los relatores que requieran información al Gobierno sobre las garantías de una investigación independiente y efectiva.
También exigen que el caso se aborde con una "perspectiva interseccional de género". Un aspecto clave en esta solicitud es la puesta en marcha de "medidas urgentes de protección" para las denunciantes, identificadas con los nombres ficticios de Rebeca y Laura, sus familias y posibles testigos, debido al temor ante represalias alegado por ellas.
Desde la defensa se apunta que la gravedad de las acusaciones, junto con la posición socioeconómica del acusado y la falta actual de protección estatal, aumentan la vulnerabilidad de las denunciantes.
La ONG alerta sobre un problema estructural en el acceso a la justicia para mujeres migrantes que trabajan en el hogar, señalando que su condición migratoria, racial o económica no debe ser un obstáculo para la investigación diligente y acceso a la justicia.
Antecedentes jurídicos y denuncias previas
Women’s Link recuerda que no es la primera vez que organismos internacionales señalan fallos del Estado español en su deber de actuar con diligencia. Citan la resolución del Comité de la CEDAW en 2014 por el caso Ángela González Carreño, así como la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en octubre de 2024 en el asunto T.V. c. España.
En este último, se constató la violación del artículo 4 del Convenio Europeo sobre la prohibición de la esclavitud y el trabajo forzado debido a la falta de diligencia en la investigación inicial.
El 5 de enero de 2026, las exempleadas formalizaron una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que fue archivada el 23 de enero al considerar el Ministerio Público que España no poseía jurisdicción para investigar hechos cometidos fuera del país.