Especialistas sugieren mejoras fiscales y apoyo empresarial para proteger montes del fuego

Archivo - El fuego contínua en las inmediaciones del polígono del Congost en Martorell, a 14 de julio de 2021, en Martorell, Barcelona, Catalunya (España).
  1. Gestión forestal y prevención de incendios
  2. El papel de municipios y comunidades autónomas
  3. Educación ciudadana y fiscalidad favorable
  4. Modelos de gestión para la prevención forestal
  5. Unidades de protección perimetral y coordinación institucional

Gestión forestal y prevención de incendios

Ingenieros de Montes, ingenieros Técnicos Forestales y cazadores han planteado medidas urgentes para reforzar la gestión de los montes españoles. Proponen acciones como la explotación sostenible de la biomasa, modificaciones fiscales que incentiven la gestión privada —que representa el 72% de los montes en España— y colaboraciones público-privadas para reducir la acumulación de vegetación que alimenta los incendios.

Según datos recientes de Copernicus, este año se han quemado ya 295.720 hectáreas en España, casi la mitad de las registradas en toda la Unión Europea, una cifra que pone en alerta a expertos y administraciones por igual. Ante este escenario, insisten en la necesidad de que los municipios cuenten con fondos suficientes para activar sus planes de autoprotección, mientras que la población debe conocer los riesgos asociados al entorno donde vive, incluyendo rutas de evacuación y puntos de agua.

El papel de municipios y comunidades autónomas

Arantza Pérez, vicedecana del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, remarca que hay que aumentar la “conciencia” sobre los riesgos en cada zona, además de fomentar que los ciudadanos adopten medidas básicas para proteger sus viviendas o urbanizaciones ante posibles incendios. Destaca la obligación legal de los ayuntamientos para disponer de planes de autoprotección, pero subraya que no basta solo con su elaboración: “Hay que dotarles de inteligencia, capacidad técnica y presupuesto para que se implementen”.

En cuanto a las comunidades autónomas, Pérez solicita que identifiquen la extensión de sus montes públicos y privados, y que faciliten su gestión mediante trámites ágiles y beneficios fiscales que incentiven la explotación sostenible. También apunta a facilitar la movilización de recursos forestales en montes públicos y a impulsar las alianzas público-privadas cuando sea necesario. Al Gobierno central le exige un presupuesto estable para la Estrategia Forestal Española y colaboración con el Ministerio de Educación para campañas educativas sobre la gestión y riesgos forestales.

Educación ciudadana y fiscalidad favorable

Marta Corella, vicedecana del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales, recuerda que no existe una “única fórmula” para combatir el abandono rural y la falta de gestión forestal que han contribuido a la actual crisis de incendios. Señala que desde los años 80 se popularizó una corriente de “no intervención” que ha dejado a muchos montes sin manejo activo.

Corella sostiene que los montes pueden ser aprovechados de manera sostenible usando la ciencia forestal para impulsar una transición ecológica y justa, o bien pueden ser consumidos por el fuego. Añade que las comunidades autónomas cuentan con planes de ordenación listos para aplicar, y que los municipios deben cuidar el espacio de interfaz urbano-forestal mediante planes de autoprotección, una tarea complicada para localidades con bajos recursos económicos.

Modelos de gestión para la prevención forestal

Los expertos alertan sobre la necesidad de aumentar la inversión en la gestión del territorio. En una jornada celebrada en 2023 en la Fundación Pau Costa, un grupo de 60 especialistas propuso destinar mil millones de euros anuales para gestionar sólo el 1% del terreno forestal, una inversión que por ahora se considera insuficiente.

Para avanzar, solicitan campañas de sensibilización que hagan ver a la sociedad que la gestión forestal no es una amenaza, sino una aliada vital para la prevención de incendios y el desarrollo sostenible.

Unidades de protección perimetral y coordinación institucional

En un informe reciente, la Fundación Artemisan ha planteado instaurar Unidades de Protección Perimetral —áreas de entre 3.000 y 5.000 hectáreas divididas por franjas preventivas de unos 200 metros— que ayuden a frenar la extensión de grandes incendios. Estas divisiones podrían apoyarse en infraestructuras ya existentes como carreteras y ríos.

Asimismo, este organismo pide que la prevención se eleve a un nivel estratégico prioritario, junto con la implementación de planes integrales para restaurar rápidamente las zonas afectadas tras un fuego, con medidas destinadas a proteger el suelo, recuperar la vegetación y favorecer a la fauna.

Fundación Artemisan también apuesta por fomentar una economía forestal activa, apoyando el uso sostenible de la biomasa y otras materias primas forestales para reforzar la economía rural. Igualmente, recomienda mejorar la coordinación entre administraciones, reducir las barreras burocráticas y aumentar la inversión en herramientas que optimicen la planificación y toma de decisiones en la gestión forestal.

Entre sus recomendaciones clave está endurecer las restricciones sobre actividades con alto riesgo de ignición en episodios de peligro extremo, para evitar que la prevención y la extinción de incendios se vean comprometidas.