La UCM solicita la devolución de más de 100.000 euros a Begoña Gómez y su asesora por malversación
La Fiscalía mantiene su intención de solicitar la absolución tanto para Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, como para Cristina Álvarez, su asesora.
La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha solicitado que se le abonen 113.509,32 euros a Begoña Gómez y a Cristina Álvarez, en concepto de responsabilidad civil por el uso indebido del software investigado, además del coste del personal de la universidad involucrado.
Esta petición consta en el escrito de conclusiones provisionales que la UCM ha enviado al juez de la causa, Juan Carlos Peinado, al que ha tenido acceso Europa Press. La universidad figura como parte perjudicada en el proceso.
- Petición de la UCM
- Indicaciones sobre la malversación
- Responsabilidad de Cristina Álvarez
- Plazos del juez para las defensas
- Posición de la Fiscalía
Petición de la UCM
La UCM ha presentado su escrito tras la solicitud del magistrado para que las partes ajusten sus demandas antes del juicio. Esto ocurre después de que la Audiencia Provincial de Madrid archivara los cargos por corrupción en negocios y apropiación indebida a Gómez y Álvarez, aunque confirmó la continuidad del juicio con jurado popular.
La universidad se respalda en el auto de la Audiencia, que establece indicios suficientes para continuar con el procedimiento por presunta malversación de fondos públicos. El caso se centra en el software desarrollado con recursos y bajo la supervisión institucional de la UCM.
Indicaciones sobre la malversación
Se señala que Begoña Gómez codirigió una cátedra extraordinaria en la Complutense. Aunque parte de los fondos utilizados provienen de aportaciones privadas, estos recursos están dedicados a fines públicos universitarios y educativos, por lo que mantienen su naturaleza.
La UCM identifica dos áreas principales en la supuesta malversación: por una parte, el software y su desarrollo dentro del marco de la cátedra, que pertenece a la universidad y fue financiado con aportaciones externas y recursos propios. Por otra, la actividad del personal público involucrado en funciones oficiales que, supuestamente, fue desviada.
Responsabilidad de Cristina Álvarez
La universidad sostiene que el software desarrollado fue desviado hacia la empresa Transforma TSC mediante el registro del dominio y la marca sin autorización ni conocimiento de la UCM. En términos económicos, el perjuicio provisional asciende a 113.509,32 euros, por la pérdida de disponibilidad del software y los salarios del personal que habría dedicado su trabajo a objetivos particulares.
Respecto a Cristina Álvarez, la Audiencia provincial la considera una "cooperadora necesaria" del delito de malversación, debido a su participación activa e indispensable en la gestión del desvío del activo patrimonial de la universidad. Su intervención se entiende clave para la realización de las acciones atribuidas a la codirectora de la cátedra, excediendo sus funciones oficiales en la Presidencia del Gobierno.
Plazos del juez para las defensas
El juez Juan Carlos Peinado ha dado un plazo de tres días a las defensas de Gómez y Álvarez para que informen si renuncian a la audiencia preliminar sobre la apertura del juicio oral. También les ha pedido que presenten su escrito de defensa en un plazo de cinco días, según la providencia emitida el 28 de julio.
El 15 de junio se celebró una primera audiencia preliminar en la que estuvieron presentes Gómez, Álvarez, el empresario Juan Carlos Barrabés, las partes y la Fiscalía. Tras esta sesión, Peinado retiró el pasaporte a la esposa de Pedro Sánchez, aunque esta decisión fue revocada por la Audiencia Provincial de Madrid, que también archivó para Gómez y Álvarez los cargos de apropiación indebida y corrupción en los negocios.
Posición de la Fiscalía
La Fiscalía ha anunciado que presentará un escrito de conclusiones absolutorias próximamente. Según un documento al que accedió Europa Press, el fiscal comunica que “no formulará escrito de conclusiones provisionales en sentido acusatorio”, y solicita un traslado para poder emitir sus conclusiones definitivas, teniendo en cuenta las posibles actuaciones de la acusación popular unificada en el caso.