El Gobierno asegura que asumió "desde el primer momento" las responsabilidades políticas con Ábalos
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha reiterado que el Ejecutivo asumió desde el inicio la responsabilidad política tras las primeras investigaciones judiciales que involucraron al exministro José Luis Ábalos. Este fue condenado por el Tribunal Supremo a 24 años y tres meses de prisión por irregularidades vinculadas a la compra de mascarillas durante la pandemia.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Saiz, quien también es portavoz del Gobierno, destacó que Moncloa ha respetado los tiempos de la Justicia y ha condenado de forma tajante cualquier conducta que contradiga los valores que defiende el Ejecutivo, como la integridad, la transparencia y el mérito.
La ministra subrayó que el Gobierno mantendrá un compromiso firme para que la corrupción no sea ni tolerada ni respaldada, y evitó valorar los pormenores de la sentencia que afecta, además de a Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama.
- El compromiso del gobierno con la transparencia
- Reacciones y medidas del ejecutivo
- Acciones previas y respuesta institucional
- Evaluación política y percepción pública
El compromiso del gobierno con la transparencia
Por su parte, Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, enfatizó la importancia de luchar contra la corrupción, aseverando que “el que la hace, la paga”, sin importar el nombre. Puso de manifiesto que el PSOE actuó con contundencia desde la primera investigación de Ábalos y su exasesor, meses antes de que se dictara sentencia.
López criticó al Partido Popular por supuestamente respaldar casos de corrupción relacionados con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, enfatizando que no todos los casos son comparables ni deben mezclarse.
Reacciones y medidas del ejecutivo
En relación con las amenazas realizadas por Aldama, quien llegó a afirmar que los expresidentes Sánchez y Zapatero acabarían en prisión, Saiz señaló que en los últimos meses se han oído afirmaciones que luego la sentencia del Supremo ha desmentido como falsas.
La ministra también destacó la diferencia entre el indulto concedido a José Luis Peñas, denunciante del caso Gürtel, y la reducción de pena a Aldama por colaborar en la causa de las mascarillas, defendiendo la separación de poderes en España y sus procedimientos independientes.
Saiz subrayó las medidas del Gobierno para prevenir y combatir la corrupción, orientadas tanto a corruptores como a corruptos, y cuestionó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por lo que consideró un "ejercicio de hipocresía" al no actuar frente a casos similares dentro de su propia formación.
Acciones previas y respuesta institucional
Desde Moncloa evitaron criticar públicamente que Aldama haya evitado la cárcel gracias a su colaboración, dejando que ministros como Óscar Puente expresen las opiniones más duras. Puente, titular de Transportes, había cuestionado la severidad de las penas impuestas a Ábalos y García frente a la exención de prisión para Aldama.
Fuentes gubernamentales reconocen la gravedad de los hechos y recuerdan que se actuó en su momento, retirando responsabilidades a Ábalos después de la detención de su asesor, aunque no existieran indicios directos contra él entonces.
En febrero de 2024 se abrió un expediente de expulsión a Ábalos que no se resolvió hasta un año y medio después, justificando que la decisión de expulsarlo se tomó tras aparecer nuevos indicios en un informe policial relacionado con Santos Cerdán.
Evaluación política y percepción pública
El Ejecutivo sostiene que se aplicaron las medidas necesarias, apartando a los implicados, pidiendo disculpas a la ciudadanía y realizando auditorías internas, como la de Puente en su Ministerio sobre contratos cuestionados por Aldama.
Por ello, rechazan que el presidente Pedro Sánchez deba renunciar, limitando el caso a una cuestión de personas en las que confiaron y que fallaron. Destacan que la sentencia es sobre un asunto antiguo y que ya era de conocimiento público.
Además, desde el Gobierno desestiman las críticas morales del PP y señalan como escándalo la investigación sobre la vivienda de Ayuso, relacionada con posibles pagos irregulares.
