España registró más de 550 casos de eutanasia en 2025, según Sanidad
Desde la implementación de la ley, 1.668 personas han hecho uso de este derecho en España, reflejando un avance significativo en el acceso a la prestación de ayuda para morir. Durante el año 2025, un total de 565 personas recibieron dicha prestación, lo que representa un 0,13% de los fallecimientos en el país, es decir, una aplicación en una de cada 750 muertes, según informes oficiales provenientes de las comunidades autónomas.
El aumento continuo en las solicitudes se evidencia con 3.716 registros desde la aprobación de la ley, de los cuales 1.284 se presentaron en 2025. Estos datos se dieron a conocer durante la jornada 'Cinco años de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia: Avanzando en derechos', organizada por el Ministerio de Sanidad. El informe provisional también destaca la diferencia entre los motivos de las solicitudes iniciales y las condiciones reales que conducen a la prestación.
Mientras que las enfermedades oncológicas constituyen el 37% de las solicitudes iniciales, las enfermedades neurológicas predominan en las prestaciones realizadas, con un 46%. Dentro de las 1.284 solicitudes de 2025, el 31% corresponde a patologías neurológicas, quedando detrás de las oncológicas, pero esta tendencia se invierte cuando se analiza el grupo que finalmente recibe la prestación.
- Datos de la prestación en 2025
- Distribución territorial y comparación internacional
- Percepción pública sobre la eutanasia en España
Datos de la prestación en 2025
En 2025, se cerraron 1.187 procesos relacionados con la prestación de ayuda para morir, incluyendo casos iniciados en años anteriores. De estos, 565 finalizaron con la aplicación efectiva de la prestación, equivalente al 47,7% del total.
El 83,9% de las personas beneficiadas tenían más de 60 años. En cuanto al lugar de prestación, el 51% fue en hospitales, el 35% en domicilios y el 14% restante en centros sociosanitarios. En el 98% de los casos, la prestación fue administrada por profesionales sanitarios.
Por otra parte, 374 procesos (31,5%) terminaron con el fallecimiento del solicitante durante el trámite. El 61% de estos casos estuvo relacionado con enfermedades oncológicas. La mayoría, 277 fallecimientos, ocurrieron antes de que la Comisión de Garantía y Evaluación emitiera su informe, con una media de 32,7 días desde la solicitud y una mediana de 18 días.
Los restantes 97 fallecimientos sucedieron tras obtener un informe favorable, y aunque la resolución estaba aprobada, la prestación no se realizó debido al fallecimiento previo. En este grupo, el tiempo promedio desde la solicitud fue de 104,9 días, con una mediana de 69 días.
Además, 157 solicitudes (13,2%) resultaron en denegación, siendo el 77% de estas por decisión médica al inicio del proceso. También hubo 91 casos (8%) que finalizaron por revocación de la solicitud por parte del solicitante.
Distribución territorial y comparación internacional
Cataluña encabezó en 2025 las solicitudes de ayuda para morir con una tasa de 6,14 por cada 100.000 habitantes, superando la media nacional de 2,61. Le siguen Navarra con 5,41 y País Vasco con 5,13 por 100.000 habitantes. También registraron cifras superiores a la media La Rioja (3,67), Baleares (3,12), Cantabria (3,03), Asturias (2,96) y Canarias (2,66).
Comparando con otros países con normativas similares, España presenta tasas significativamente más bajas. La tasa española de mortalidad por ayuda para morir es del 0,13%, frente al 5,96% en Países Bajos, 5,10% en Canadá y 4% en Bélgica. Esto también se refleja en el volumen de prestaciones: 565 en España en 2025, mientras que Canadá reportó 16.499 y Países Bajos 10.341.
Percepción pública sobre la eutanasia en España
Durante la jornada, se presentó el informe 'Percepción pública de la atención al final de la vida en España: evidencias, valores y desafíos éticos', elaborado por la Cátedra Younger Bioética Empírica (CYBE) y la Universidad de Granada. Esta encuesta, con la participación de 1.637 personas, explora el conocimiento y actitudes sobre prácticas de final de vida.
El 72,1% de los encuestados está a favor de que la eutanasia sea reconocida como un derecho, mientras que el 12,2% se manifiesta en contra y el 15,8% no tiene posición clara o no respondió. Además, el 71% considera que la vida no debe prolongarse con soporte vital cuando no hay cura, y el 58,7% apoya la eutanasia para pacientes con demencia que la hayan solicitado por escrito previamente, pese a que en el momento de la prestación no comprendan su situación.
El 49% aprueba la eutanasia para personas con enfermedades incurables aún con años de vida por delante. En cuestiones sobre preferencias para el final de la vida, la mayoría prioriza la calidad sobre la duración, destacando morir sin dolor, seguido de morir en casa y morir consciente. La prioridad menor es vivir más tiempo.
