El decreto de ayudas para Ceuta en servicios y economía entra en vigor este jueves
El Real Decreto-ley que establece medidas urgentes de carácter social y económico para respaldar a la ciudad de Ceuta, aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros, entrará en vigor este jueves tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El plan diseñado por el Gobierno para reactivar la economía de Ceuta tras la llegada masiva de inmigrantes a finales de julio contempla una dotación de 309 millones de euros, más 50 millones adicionales en avales, durante lo que resta de 2026. Este presupuesto se dirige a reforzar los servicios esenciales, la seguridad, la atención a menores y la asistencia humanitaria, así como a respaldar a empresas y trabajadores.
El desglose del total asignado destaca la partida más importante, que se destina a la acogida de menores y a la atención humanitaria, con 118 millones de euros.
La seguridad dispondrá de un refuerzo de 90 millones de euros, mientras que 80 millones estarán dedicados a ayudas directas y otros apoyos para autónomos y empresas. Finalmente, los servicios esenciales, incluyendo la sanidad, educación, justicia y distribución de agua, recibirán 21 millones. Esta inyección equivale al 16% del PIB de Ceuta en tan solo cuatro meses.
- Ayudas directas a empresarios
- Promoción de Ceuta como destino turístico
- ERTE y bonificaciones a la contratación
- Bonificaciones fiscales
Ayudas directas a empresarios
Dentro del paquete de 80 millones destinado al apoyo del tejido empresarial, se incluye un fondo de ayudas directas por valor de 36,6 millones de euros, que será gestionado por la Agencia Tributaria para beneficiar a 2.500 autónomos y 1.500 empresas de Ceuta.
Los autónomos dispondrán de ayudas de 5.000 euros, mientras que las empresas podrán recibir entre 1.000 y 150.000 euros, dependiendo de su facturación. La solicitud de estas ayudas podrá hacerse desde el 14 de septiembre a través del sitio web de la Agencia Tributaria, con la expectativa de que los pagos comiencen a principios de octubre.
Además, se destinarán 14 millones de euros adicionales para apoyar al pequeño comercio y sector turístico mediante la Cámara de Comercio, con el objetivo de revitalizar estos sectores gravemente afectados por la crisis.
Entre las iniciativas contempladas se encuentran bonos de consumo y descuentos para reducir el coste del transporte a no residentes, fomentando así la llegada de visitantes a la ciudad.
También se incluye un millón de euros para el 'Plan Ceuta Exporta', que coordinará el Icex, y otro millón para una campaña internacional de promoción turística de Ceuta.
Por último, se establecerá una línea de avales del ICO de hasta 50 millones de euros para asegurar el buen flujo de crédito y financiación al tejido empresarial local.
Promoción de Ceuta como destino turístico
El decreto incorpora medidas específicas para la promoción internacional de Ceuta como destino turístico. Mediante el Instituto de Turismo de España (Turespaña), se lanzará un plan extraordinario enfocado en recuperar y mejorar la imagen de la ciudad en mercados internacionales seleccionados.
Este plan incluirá acciones en la red exterior de oficinas de turismo, campañas dirigidas a mercados turísticos clave y viajes de prensa y familiarización con turoperadores y agentes, sobre todo en los mercados prioritarios para Ceuta.
ERTE y bonificaciones a la contratación
En el ámbito laboral, se establece una exención del 100% en las cuotas a la Seguridad Social para empresas que hayan suspendido su actividad y recurran a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). También se prevén prestaciones extraordinarias para autónomos que cesen su actividad y la opción de aplazar pagos a la Seguridad Social con un interés del 0,5%.
Se regula una prestación especial por cese de actividad para autónomos con residencia o actividad en Ceuta, que hayan cesado su actividad total o parcialmente a causa de la reducción de la demanda provocada por la inmigración irregular, condicionada a una reducción de sus ingresos mensuales.
La duración máxima de esta prestación será de cuatro meses, periodo en que se espera que persistan las mayores consecuencias económicas.
En relación con los ERTE, se introduce un régimen especial por fuerza mayor vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, ampliando su aplicación a suspensiones totales, parciales y reducciones de jornada vinculadas directa o indirectamente a la situación en Ceuta.
Las empresas ceutíes beneficiadas por estos ERTE podrán obtener una exención del 100% de la cuota empresarial a la Seguridad Social, incluyendo contingencias comunes, profesionales y otros conceptos, para los trabajadores afectados entre septiembre y diciembre de 2026.
Además, se incrementa de forma permanente la bonificación de las aportaciones empresariales del 50% al 75% para contratos indefinidos o de sustitución por incapacidad temporal en Ceuta y Melilla. Se amplía también a nuevos sectores, como la construcción, con un impacto presupuestario anual de 36,6 millones de euros para cada ciudad autónoma.
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) destinará 650.000 euros en subvenciones para formar prioritariamente a trabajadores ocupados en programas territoriales en Ceuta.
Bonificaciones fiscales
El decreto contempla medidas permanentes adicionales, entre ellas el aumento del porcentaje de bonificación en el Impuesto sobre Sociedades, que pasa del 50% al 60% para entidades residentes, y mayores posibilidades de deducción para autónomos, incluidos gastos de "difícil justificación".
Estas medidas también se aplicarán en Melilla, con presupuestos similares, proporcionando un apoyo adicional de aproximadamente 100 millones de euros al año para empresarios de ambas ciudades autónomas.
Por otro lado, se prevén ayudas para el puerto de Ceuta por 4,25 millones anuales durante cinco años, de 2027 a 2031.
En el ámbito de servicios esenciales, se reforzarán los recursos sanitarios con la incorporación de 100 profesionales del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) en atención primaria y hospitalaria, con una inversión de 3,5 millones.
También se asignarán 3,2 millones para la seguridad en centros educativos y apoyo psicosocial para la comunidad educativa, mientras que 4,5 millones se destinarán al refuerzo de jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios, además de financiar la asistencia jurídica gratuita.
El paquete incluye una subvención de 2 millones para la ciudad, que se suma a más de 7 millones destinados a la planta desalinizadora.
En el ámbito de la seguridad, los 90 millones de euros contemplan un incentivo excepcional al rendimiento de 7,1 millones para la Policía Nacional y 8 millones para la Guardia Civil. El resto, unos 74 millones, se destinarán al refuerzo del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas.
