Esta semana se vota en el Congreso el decreto con 150.000 millones para las CCAA
El decreto ley que actualizará las entregas a cuenta destinadas a las comunidades autónomas para 2026 está en manos del Congreso, que este jueves decidirá si lo aprueba o no. La cifra total alcanzará los 157.731 millones de euros, mostrando así una actualización crucial en la financiación autonómica.
Estas entregas a cuenta permiten a las comunidades, exceptuando los regímenes forales de Euskadi y Navarra, recibir anticipadamente parte de los fondos que les corresponden por la financiación territorial. Entre éstos, se incluyen impuestos como el IRPF o el IVA que forman parte del sistema de financiación autonómica.
Antes de que el Congreso vote, el decreto ya está vigente tras ser aprobado en el Consejo de Ministros y publicado en el BOE. No obstante, la ley marca que debe someterse al Pleno en un máximo de treinta días, un trámite que el Gobierno decidió adelantar para realizarlo el jueves 18 de junio, según consta en el orden del día oficial.
Financiación autonómica y su actualización
El Gobierno recuerda que los presupuestos son la herramienta principal para dotar a las regiones y entidades locales con los recursos que les corresponden. De hecho, debido a la prórroga de las cuentas públicas desde 2023, el Ejecutivo señala que es necesario actualizar estas entregas para evitar consecuencias financieras negativas.
El ministro de Hacienda, Arcadi España, mencionó que, junto con la cifra de 157.731 millones, se incluye una previsión de liquidación del ejercicio 2024. Así, la financiación total que recibirán las comunidades en 2026 podría llegar a los 170.300 millones, lo que supone un incremento del 7,7 % con respecto a 2025.
Inversiones con superávit en ayuntamientos
Además de la financiación para las comunidades autónomas, el decreto contempla las entregas a las administraciones locales, que alcanzan los 29.247 millones de euros, un 8,8 % más que el año anterior.
Lo más relevante para los ayuntamientos es que aquellos que cierren 2025 con superávit podrán utilizar esos excedentes para inversiones financieramente sostenibles, sin que afecte a la regla de gasto. Estas inversiones pueden destinarse a áreas como alcantarillado, industria, energía, comercio, protección civil o infraestructuras, beneficiando a más de 2.540 municipios con un volumen cercano a 3.000 millones de euros.
También se ha establecido un régimen especial para que los entes locales usen remanentes en políticas de vivienda durante los cuatro años siguientes, facilitando así un mejor destino de esos recursos en el tiempo.