Elma Saiz sostiene que regularizar migrantes es un acto de "justicia social" y "pragmatismo económico"
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido nuevamente el proceso extraordinario de regularización de migrantes, calificándolo no solo como una cuestión de justicia social, sino también como una medida de pragmatismo económico. Saiz enfatizó que la convivencia requiere de políticas públicas que garanticen los derechos de todas las personas.
Durante un evento organizado por el PSOE en la sede de Ferraz, la ministra afirmó que estudios académicos estiman que el beneficio fiscal neto por cada persona migrante regularizada asciende a 4.000 euros, producto de la combinación entre el IRPF y las cotizaciones a la Seguridad Social. Este argumento forma parte de la justificación económica del proceso.
Además, Saiz aseguró, en su intervención telemática, que la regularización representa un acto de profunda justicia social al reconocer explícitamente la dignidad humana de quienes se encontraban en una situación de irregularidad sobrevenida. También manifestó que esta medida es coherente con la historia de España como país de emigrantes.
- Gestionar la migración con políticas transversales
- Perfil de los solicitantes
- Plan de integración y ciudadanía
Gestionar la migración con políticas transversales
La ministra explicó que gestionar la migración no se limita solo a ordenar los flujos o las entradas, sino que implica aplicar una política transversal. Esta debe abarcar desde la cooperación con los países de origen y tránsito hasta la integración de quienes residen en España, con el objetivo de que participen de manera plena en la sociedad y contribuyan al progreso común.
Perfil de los solicitantes
En su intervención, Saiz destacó que se han recibido más de 1,17 millones de solicitudes para el proceso de regularización. Subrayó la importancia de centrarse en las personas y sus proyectos, más allá de las cifras. Destacó también que más de la mitad de las solicitudes están ya en tramitación.
Otra de las cifras relevantes es que el 81% de las personas que han solicitado la regularización tienen menos de 45 años, en contraste con que el 20% de los españoles nativos superan los 65 años. La ministra advirtió que el envejecimiento demográfico representa un desafío para el sistema de bienestar.
Además, resaltó que ocho de cada diez beneficiarios poseen competencias plenas en el idioma y una proporción significativa cuenta con estudios de nivel postobligatorio. Señaló que muchos son jóvenes formados que llegan para trabajar, lo que representa un valor añadido para el mercado laboral.
Plan de integración y ciudadanía
Finalmente, recordó el Plan de Integración y Ciudadanía, anunciado el 30 de junio por el presidente Pedro Sánchez, dotado con más de 500 millones de euros. Este plan contempla 16 medidas concretas que giran en torno a cuatro ejes: ordenación de flujos migratorios, el trabajo como herramienta de inclusión, convivencia y ciudadanía efectiva.
Saiz destacó la importancia de promover la convivencia mediante políticas públicas y proyectos comunitarios en barrios y municipios. También señaló la necesidad de reforzar el aprendizaje del idioma, garantizar el acceso real a los derechos y asignar más de 200 millones de euros para fortalecer los servicios públicos y asegurar la igualdad.