Fiscalía y Abogacía retiran cinco cargos fiscales al 'rey del acero' en juicio
El fiscal y la Abogacía del Estado han retirado cinco cargos relacionados con delitos contra la Hacienda Pública que se atribuían al empresario José María Aristraín de la Cruz en relación a una de las sociedades instrumentales localizadas en las Islas Vírgenes, presuntamente usada para ocultar activos de gran valor, según confirmaron fuentes jurídicas a Europa Press.
Tras varias semanas de sesiones en la Audiencia Provincial de Madrid, el juicio contra el conocido como 'rey del acero español' llegará hoy a su fin. Inicialmente, el fiscal pedía una condena de 64 años de prisión por diversos delitos fiscales vinculados a fraude, IRPF, Impuesto sobre el Patrimonio e Impuesto de Sociedades.
Además de solicitar penas privativas de libertad, el Ministerio Público reclamaba multas que suman cientos de millones de euros, la devolución de las cantidades presuntamente defraudadas con los correspondientes intereses y responsabilidades civiles subsidiarias para varias de las sociedades relacionadas con el empresario.
En sus informes, tanto el fiscal como el abogado del Estado desistieron en la imputación de estos delitos debido a prescripción, reasignándolos ahora como parte de la renta personal del empresario, lo que ha incrementado la cuantía reclamada por Hacienda, según indicaron las mismas fuentes.
Durante el desarrollo del juicio, el abogado del Estado afirmó que, conforme a varios testimonios, Aristraín se trasladó a Luxemburgo por motivos fiscales con la intención de beneficiarse de un ahorro tributario.
Por ello, el Ministerio Público y la Abogacía del Estado reducen la acusación de quince a diez delitos de fraude fiscal cometidos entre 2005 y 2009.
Se señala que mediante esta sociedad se adquirió un chalet en Suiza, automóviles de lujo como un Ferrari valorado en 74 millones de euros y un yate.
En junio de 2024, el Tribunal Supremo anuló la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid del 11 de enero de 2022, que había absuelto al empresario, por falta de motivación, y ordenó que se repitiera el proceso judicial.
Ocultamiento a Hacienda
Según el escrito de acusación, Aristraín habría simulado desde 2005 tener residencia fiscal en Suiza, aunque residía y dirigía sus principales actividades económicas desde España, específicamente desde su domicilio en Pozuelo de Alarcón (Madrid).
La Fiscalía sostiene que el propósito era evitar que tributaran en España tanto sus rentas personales como los beneficios generados a través de sociedades bajo su control.
La acusación describe una posible red de sociedades establecidas en varios países, entre ellos Holanda, Luxemburgo, Malta y las Islas Vírgenes Británicas, mediante las cuales se habrían desviado dividendos millonarios y plusvalías originados por inversiones industriales y financieras.
Entre las operaciones investigadas se incluyen dividendos vinculados a compañías del grupo ArcelorMittal y la venta de participaciones empresariales que, según el Ministerio Público, no tributaron ni en España ni en los otros territorios donde las sociedades estaban formalmente domiciliadas.
Además, el fiscal atribuye a Aristraín el uso de fondos societarios para pagar gastos personales y familiares, incluyendo el mantenimiento del chalet en Suiza, un yate llamado 'My Steel', vehículos de lujo y otros bienes de alto valor económico. Estos gastos habrían sido sufragados a través de sociedades instrumentales y no declarados en su IRPF.
La Fiscalía estima que el daño causado a la Hacienda Pública española supera los 210 millones de euros durante los ejercicios fiscales comprendidos entre 2005 y 2009. Por estos hechos, se le acusa de múltiples delitos fiscales relacionados con el Impuesto de Sociedades, el IRPF y el Impuesto sobre el Patrimonio.