Igualdad pone en marcha un control de las medidas contra la violencia machista

La ministra de Igualdad, Ana Redondo (i), y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza (d).

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, ha lanzado un sistema para supervisar y controlar cómo se aplican las medidas y recomendaciones que surgen en los comités de crisis tras los casos de asesinatos por violencia de género.

Este nuevo sistema nace con la idea de analizar de manera detallada y profunda los antecedentes de cada caso, así como las circunstancias del crimen en sí. El propósito es recopilar información valiosa que ayude a mejorar la prevención, identificando los puntos que se pueden corregir o reforzar.

En estas reuniones participan distintos ministerios, como Sanidad o Interior, además de la Fiscalía, el Consejo General del Poder Judicial, policías y fuerzas de seguridad, así como representantes de las comunidades autónomas, a invitación del Ministerio de Igualdad.

  1. Medidas y recomendaciones
  2. Seguimiento y control
  3. Categorías de recomendaciones

Medidas y recomendaciones

Hasta ahora, el Ministerio de Igualdad ha entregado a los participantes una lista con 74 recomendaciones divididas en nueve categorías diferentes. En ese listado se indica también qué organismo, administración o institución tiene la responsabilidad de llevar a cabo cada una de esas acciones.

Seguimiento y control

La idea principal es hacer un seguimiento constante y activo para revisar qué decisiones ya se han puesto en marcha y en qué fase se encuentran el resto de medidas. Este control se va a realizar de forma semestral para asegurar un avance efectivo en cada punto.

Categorías de recomendaciones

Entre las recomendaciones, una parte importante se centra en la sensibilización y las campañas dirigidas no solo a los entornos más inmediatos de las víctimas, sino también a fomentar un tratamiento respetuoso y adecuado en los medios de comunicación cuando se habla de violencia de género.

Otro bloque se enfoca en la formación de profesionales que atienden a las víctimas, desde jueces y abogados hasta policías y servicios de emergencias, buscando que estén mejor preparados para actuar en estas situaciones.

También aparece la mejora de la coordinación entre distintas instituciones, con la creación de protocolos que atiendan a víctimas que sufren múltiples agresiones o situaciones complejas, además de potenciar la detección temprana de casos en ámbitos como la educación y la sanidad.

En el sistema educativo se plantean recomendaciones para evitar que la violencia de género se normalice y para aumentar la conciencia de niñas y niños sobre este grave problema.

Respecto a la atención y asistencia, se insiste en la necesidad de optimizar la coordinación entre organismos, así como implementar mejoras en el sistema judicial, la labor policial, las oficinas de ayuda a víctimas, las unidades forenses y la asistencia jurídica gratuita.

Finalmente, el documento también sugiere mejoras en el sistema VIOGEN y otros modelos autonómicos, así como acciones que tengan en cuenta la interseccionalidad y las circunstancias de mayor vulnerabilidad de ciertas personas.