Jueza del accidente de Adamuz exige identificación de los técnicos de las cajas negras
El caso del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba, donde perdieron la vida 46 personas y más de 120 resultaron heridas el 18 de enero, está en fase de investigación judicial. La jueza responsable del juzgado número 2 de Montoro ha solicitado con urgencia a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil un informe que identifique a todos los responsables del mantenimiento de los trenes Alvia e Iryo involucrados, ya sean técnicos, agentes o empresas, para poder realizar un análisis conjunto de los datos registrados en las cajas negras de los trenes implicados.
Esta petición se basa en un escrito remitido por la empresa encargada de las cajas negras, que aclara que el informe técnico y la interpretación de los datos deben ser llevados a cabo conjuntamente por el fabricante y el mantenedor de cada unidad ferroviaria involucrada. La compañía detalla que su función se limita a proveer soporte para la correcta visualización y manejo de los registros, pero no tiene la capacidad para realizar un análisis interpretativo, operativo o causal sobre el accidente.
La empresa ha dejado claro que el análisis de los datos requiere la colaboración de diferentes actores técnicos, ya que el mantenimiento, la configuración y el historial de cada tren, así como su operación y condiciones específicas, son factores claves para comprender lo sucedido. Por ello, resulta imprescindible que participen el fabricante e integrador del tren, el mantenedor, el operador ferroviario y los peritos designados por el tribunal para una evaluación completa y rigurosa.
El perito designado y actores necesarios
La empresa ha señalado que el perito encargado de instalar la licencia o software para acceder a los datos debe distinguir entre el uso básico de estas herramientas y la interpretación técnica avanzada necesaria para comprender los registros. La instalación y manejo básico pueden ser realizados con el apoyo técnico del fabricante, pero la interpretación completa y causal exige conocimientos profundos sobre la arquitectura, configuración y funcionamiento de cada tren.
Por ello, para que la diligencia judicial tenga validez técnica, es vital que en el análisis participen el fabricante del registrador jurídico para la carga y explicación de los datos; el fabricante o integrador del tren que conoce su sistema integrado; el mantenedor de las unidades, aportando el historial y estado de mantenimiento; el operador para aportar los procedimientos de circulación y contexto operativo; y finalmente los peritos judiciales que analizarán toda la información para emitir conclusiones jurídicas.
El informe final que explique qué ocurrió durante el accidente debe ser elaborado de forma colaborativa por fabricantes, integradores y mantenedores, mientras que la empresa del registrador jurídico actúa como apoyo técnico para facilitar el acceso y visualización de la información.
Plena disposición a colaborar
La empresa encargada del registrador jurídico ha reiterado su compromiso con la investigación, ofreciendo toda la colaboración posible dentro de sus competencias técnicas. Esta incluye la facilitación de la carga y visualización de los datos, así como la explicación del sistema de registro y la identificación de las señales técnicas almacenadas.
No obstante, recalcan que la interpretación profunda para determinar la secuencia causal del accidente y evaluar responsabilidades debe hacerse con conocimiento completo del sistema ferroviario, su mantenimiento y operación, funciones para las que ellos no están capacitados ni autorizados. Su rol debe restringirse a la asistencia técnica para el acceso y comprensión de los registros, protegiendo así la fiabilidad del proceso y asegurando que la responsabilidad del análisis recaiga en los expertos adecuados.
Esta clara delimitación de funciones es esencial para que la justicia reciba un informe técnico alineado con la realidad del tren como sistema complejo, garantizando un estudio riguroso que permita esclarecer las causas del siniestro y evitar atribuciones erróneas de responsabilidades.