Leire Díez impugna el acceso a su listado de llamadas por "injerencia desmesurada"
La exmiembro del PSOE, Leire Díez, ha presentado un recurso contra la decisión del juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional (AN), que ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acceder a su historial de llamadas y mensajes de texto durante un período de cinco años. Díez sostiene que esta medida vulnera su derecho a la comunicación y la califica como una injerencia excesiva y desproporcionada.
Según el escrito al que tuvo acceso Europa Press, la defensa de Díez impugna el auto de Pedraz que autorizó la medida, señalando que se afecta el derecho al secreto de las comunicaciones y se ignoran garantías procesales y legales básicas. Además, argumenta que dicha medida se derivó de una incautación de los dispositivos móviles que califican como nula desde el punto de vista legal.
Esta acción judicial se enmarca en una investigación dirigida por el magistrado sobre posibles manipulaciones en varios contratos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Este proceso llevó a la detención de Díez, del expresidente de SEPI Vicente Fernández y de Antxon Alonso, empresario relacionado con el exdirigente socialista Santos Cerdán, en diciembre de 2025.
- Recurso por acceso a comunicaciones
- Impugnación del periodo de investigación
- Cuestión por intervención del teléfono
- Cuestionamientos a la justificación de la medida
- Investigación de la presunta trama
Recurso por acceso a comunicaciones
La abogada de Díez, Eva Bejarano, sostiene que el juez solicitó las comunicaciones enviadas y recibidas en los teléfonos de su defendida desde octubre de 2020 hasta diciembre de 2025, aunque los hechos objeto de la causa solo se centran entre 2021 y 2023.
Impugnación del periodo de investigación
El equipo legal destaca que la investigación se limita al lapso comprendido entre 2021 y 2023, por lo que extender la medida a un plazo mayor constituye una vulneración del derecho constitucional al secreto de las comunicaciones, así como de las garantías procesales básicas en cualquier procedimiento penal.
Cuestión por intervención del teléfono
Según Bejarano, la detención implicó una supuesta irregularidad procesal, dado que el teléfono de Díez fue incautado por la UCO sin autorización judicial previa y con acceso ilegítimo a su contenido. Además, se argumenta que no existían motivos claros más allá de sospechas subjetivas para justificar dicha actuación, lo que imposibilita que Díez pudiera eliminar pruebas en su dispositivo.
Cuestionamientos a la justificación de la medida
La defensa critica el escrito de la UCO que fundamenta la solicitud, describiéndolo como lleno de generalidades y razones imprecisas, sin especificaciones vinculadas a la causa que justifiquen la necesidad de acceder a las comunicaciones para el avance de la investigación.
De acuerdo con esta perspectiva, no existe una base objetiva que respalde la autorización, ya que la UCO no identifica con claridad qué comunicaciones o interlocutores son relevantes ni justifica su presunta importancia penal.
El recurso también cuestiona el argumento de idoneidad presentado por el juez, recordando que los hechos investigados giran en torno a una supuesta asignación irregular de 21.500 euros por la venta de un vehículo, insinuando una operación para encubrir el origen de fondos. Los cargos implicados en la causa incluyen presunta malversación, prevaricación, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal.
Investigación de la presunta trama
En marzo de 2026, el juez requirió a la UCO realizar un expurgo del material incautado en la vivienda de Díez para proteger información no relacionada con la investigación.
En una pieza separada dentro del caso, se indaga si Díez coordinó, con el supuesto liderazgo del exdirigente del PSOE Santos Cerdán, una trama destinada a impedir procesos judiciales que pudieran afectar al partido y al Gobierno.