Proponen eliminar voto por unanimidad en defensa de la UE para impulsar autonomía estratégica
La política común de seguridad y defensa de la Unión Europea (UE) se establece mediante decisiones que requieren unanimidad entre los Estados miembros. Sin embargo, algunas voces comienzan a cuestionar este modelo, proponiendo cambios para facilitar la toma de decisiones en defensa y avanzar hacia una mayor autonomía estratégica.
Así lo plantea Carlos Martí, consultor y autor del informe de la Fundación Alternativas titulado Una Europa más autónoma. ¿Cómo reducir nuestra dependencia militar y tecnológica?, quien sugiere implementar un sistema de voto mayoritario o una estructura distinta para la toma de decisiones. Según Martí, la unanimidad dificulta "una postura común que supere el mínimo común denominador".
Martí expone que el Consejo Europeo marca la política exterior y de seguridad común, considerando los intereses estratégicos de la UE, incluyendo asuntos de defensa. No obstante, señala que la unanimidad limita en la práctica la capacidad de acción, calificando este requisito como el "talón de Aquiles" del esquema europeo.
El consultor detalla que cada uno de los 27 jefes de Estado o gobierno posee un veto efectivo sobre cualquier decisión relevante en política exterior o defensa. Un caso destacado es Hungría, que ha utilizado este veto para bloquear o suavizar numerosas posturas comunes, especialmente en temas relacionados con Rusia. Esta situación provoca parálisis cuando la cohesión se debilita.
Mayor rapidez actuando individualmente
Martí considera que una división existente entre las instituciones europeas y los Estados miembros genera fracturas en la respuesta del bloque. Explica que mientras la UE en conjunto se mantiene en la llamada "máxima moderación", los países actúan con mayor flexibilidad, cada uno a su ritmo y según sus posturas nacionales.
El autor apunta que el requisito de unanimidad para decisiones militares con aliados resulta inviable para lograr posiciones que vayan más allá de acuerdos mínimos. Por ejemplo, Bruselas no pudo establecer una postura sobre la legitimidad de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.
Frente a esta limitación, Martí sugiere reemplazar el sistema actual por un "voto mayoritario selectivo" aplicado a ciertas cuestiones dentro de la política común de seguridad y defensa. Esta modalidad se utilizaría para decisiones, acciones, posiciones, iniciativas o declaraciones específicas.
También plantea la posible delegación de determinadas decisiones a uno o varios Estados miembros, o a formatos específicos que se puedan integrar o vincular posteriormente con la UE, como el E-3.
Si bien la principal ventaja sería una mayor flexibilidad, Martí advierte sobre posibles desventajas, tales como la lentitud de soluciones puntuales, la ambigüedad en la repartición de cargas, la imprevisibilidad y la fragilidad del sistema.
El experto detecta que la raíz del problema es el temor de los Estados miembros a perder control e influencia con un sistema mayoritario. Propone que esta opción podría resultar aceptable si el voto ponderara el tamaño de los países, algo que los Estados más pequeños rechazan para evitar someterse a las decisiones de las potencias mayores.
Una propuesta similar a la ONU
Otra vía planteada implica crear una nueva estructura de toma de decisiones, que demandaría una adaptación significativa del marco vigente. Esta propuesta sería un Directorio, similar a un Consejo de Seguridad europeo (UECS), ubicado por encima del Consejo Europeo como centro principal en política exterior y seguridad común.
Dicho Directorio estaría integrado por los cinco Estados miembros más grandes —Alemania, Francia, Italia, España y Polonia— junto con el presidente del Consejo Europeo como miembros permanentes, y otros seis países de la UE de manera rotatoria. La Presidencia del Consejo de la UE correspondía siempre a uno de los miembros no permanentes.
Martí se inspira en el Consejo de Seguridad de la ONU para la organización de este órgano. Los miembros permanentes serían seleccionados según tamaño y ubicación geográfica, pero también tendrían responsabilidades importantes sobre inversión en bienes comunes, capacidades y políticas compartidas.
Además, tendrían que aceptar las decisiones conjuntas como vinculantes y delegar en conjunto la representación exterior en mayor medida que ahora. El autor indica que, aunque esta aceptación no sería automática, sería fundamental para la legitimidad interna del Directorio.
En este modelo, el Consejo Europeo completo funcionaría como un foro deliberativo previo, pero perdería su papel dominantes en la definición estratégica y política exterior, función que recae en el Directorio de doce miembros.
También se requeriría adaptar toda la infraestructura de la política exterior, incluyendo el Comité Político y de Seguridad (COPS), el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y la oficina del Alto Representante.
Martí señala que, aunque las disputas internas pueden ser menos paralizantes que en el Consejo de Seguridad de la ONU, esto no está garantizado y se basa en la experiencia histórica, como las tensiones entre Francia y Alemania en proyectos conjuntos como el FCAS, que se suspendió por discrepancias industriales.
Este órgano sería ineficaz si los intereses nacionales no convergen lo suficiente en asuntos decisivos, mientras que su mayor problema sería la pérdida del principio de igualdad entre Estados y el riesgo de que quienes queden fuera del Directorio sientan que sus intereses no están adecuadamente representados.
