Policía defiende su "honor, integridad y prestigio" tras críticas del Juez Peinado
Madrid, 21 (Europa Press)
La Dirección General de la Policía Nacional ha reafirmado su defensa absoluta, firme y rigurosa del honor, la integridad y el prestigio de sus funcionarios, tras el auto dictado por el juez Juan Carlos Peinado. En dicho auto se acuerda abrir juicio oral a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y se le retira el pasaporte ante un posible riesgo de fuga, en un proceso en el que, según el magistrado, podrían estar involucrados sus escoltas.
En un comunicado oficial, la Policía Nacional ha desestimado cualquier tipo de argumento que pueda poner en duda la actuación de sus agentes, especialmente aquellos que sugieran que podrían haber colaborado en la evasión de la justicia o en el incumplimiento de medidas cautelares por parte de las personas bajo su protección o escolta.
Se recuerda que los funcionarios policiales actúan bajo el mandato del artículo 104.1 de la Constitución Española, que encomienda la responsabilidad de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, así como garantizar la seguridad ciudadana. Esta función se ejecuta bajo estrictos principios de neutralidad política, imparcialidad total y sometimiento al imperio de la ley, descartando absolutamente el cumplimiento de órdenes contrarias al marco jurídico vigente, según apunta el texto publicado este domingo.
La honradez de la Policía Nacional está basada en una trayectoria sostenida de servicio público y en la confianza que el conjunto de la sociedad ha depositado en ella, afirmó el organismo, a la vez que rechazó cualquier tipo de especulación que pueda dañar la reputación de la institución.
Además, reiteró el compromiso inquebrantable de todos sus agentes con la legalidad constitucional y su plena colaboración con los tribunales de justicia.
Finalmente, el comunicado subraya que la defensa de la honestidad y rectitud de los funcionarios en el desempeño de su labor no está reñida con el respeto debido a la independencia judicial ni a las decisiones emanadas del Poder Judicial, que constituye un pilar esencial del Estado social y democrático de derecho.