La reforma de discapacidad y dependencia enfrenta su última prueba en el Congreso
El Congreso se prepara para dar su último paso al debate sobre la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, con la votación programada para el miércoles 16 de septiembre. Este proyecto de ley, que ya ha pasado por el Senado, incorpora 45 enmiendas propuestas por el Partido Popular, entre las que destaca la supresión en la LOMLOE de la prioridad que daba a la educación inclusiva frente a la educación especial.
En la Cámara alta, la reforma fue aprobada hace unos días con el respaldo del PP, PSOE y Junts, con la abstención de Vox, PNV, Esquerra Republicana y EH Bildu. La votación se cerró con 235 votos a favor, 23 abstenciones y ningún rechazo.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, líder de esta iniciativa, hizo un llamado a todas las fuerzas políticas para conseguir un apoyo unánime en el Congreso. Durante una visita a un edificio en Madrid para mostrar la falta de accesibilidad, Bustinduy destacó que esta reforma es la mayor transformación social y del sistema de protección social en décadas.
Una de las novedades de la reforma afecta a la Ley de Propiedad Horizontal, que obliga a las comunidades de vecinos a gestionar las ayudas públicas necesarias para realizar obras como la instalación de rampas o ascensores, facilitando así el acceso a sus viviendas.
Además, el proyecto elimina las incompatibilidades entre servicios y prestaciones por dependencia, permite el reconocimiento directo de la discapacidad según el grado de dependencia e introduce la figura del asistente personal.
También protege por ley la financiación estatal del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), asegurando que el Ministerio asuma la mitad de su coste. Para ello, se destinarán 6.200 millones de euros extra a las comunidades autónomas entre 2026 y 2027.
Durante el debate en el Senado, los socialistas demandaron volver al texto original, mientras que el PP defendió las modificaciones realizadas, afirmando que "los derechos sin presupuesto son solo palabras". Además, destacaron la revisión de los criterios de prioridad para acceder a los servicios y la reducción al 4% del IVA en las obras de accesibilidad tanto en viviendas particulares como en zonas comunes de edificios.
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- Financiación asegurada para el SAAD
