Bruselas exige a España reforzar medidas anticorrupción y normas sobre conflictos de interés
La Comisión Europea ha solicitado a España intensificar sus acciones para combatir la corrupción de alto nivel y reforzar las normas sobre conflictos de interés de altos cargos, en respuesta a los avances "limitados" observados en las reformas actuales. Estas recomendaciones forman parte del informe anual sobre el Estado de derecho en la Unión Europea, aunque no tienen carácter vinculante para los gobiernos nacionales.
En la sección dedicada a España, los servicios de la Comisión reconocen "progresos" en la reducción de los tiempos de investigación y juicio en casos de corrupción de alto nivel, impulsados por el aumento de personal y cambios legislativos. Sin embargo, Bruselas enfatiza la necesidad de nuevas acciones debido a que persisten desafíos y el avance de las reformas sigue siendo lento.
Por ello, el Ejecutivo europeo insta a España a acelerar la revisión del Código Procesal Penal para optimizar la investigación y el enjuiciamiento en estos casos y así acortar las demoras.
- Normativas y conflictos de interés
- Impacto de las críticas políticas en el sistema judicial
- Reformas pendientes en el CGPJ y la Fiscalía General
Normativas y conflictos de interés
La Comisión Europea señala que la evolución en las regulaciones sobre conflictos de interés y declaraciones patrimoniales para altos cargos ejecutivos es insuficiente. A pesar de iniciativas como el Plan Estatal de Anticorrupción, la aplicación práctica de la normativa actual no muestra mejoras sustanciales.
Bruselas urge a impulsar reformas para fortalecer la normativa en estas áreas y garantizar la independencia y eficacia del organismo encargado de supervisar y sancionar posibles incumplimientos.
Impacto de las críticas políticas en el sistema judicial
En el informe de este año, la Comisión vuelve a reflejar la preocupación expresada por jueces y profesionales del derecho debido a las críticas públicas de políticos, incluido el Gobierno, contra decisiones judiciales. Esto contribuye a disminuir la confianza pública en el poder judicial.
El informe cita declaraciones de miembros del Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), asociaciones de jueces y el Tribunal Constitucional que advierten sobre este efecto erosivo. También recoge denuncias enviadas por el Tribunal Supremo sobre acusaciones de "lawfare" y críticas dirigidas a magistrados tras sentencias de gran impacto.
La Comisión recuerda que, si bien la crítica forma parte del debate democrático, los poderes ejecutivo y legislativo deben evitar cuestionamientos que dañen la independencia o la confianza en la justicia. Además, destaca la importancia del respeto mutuo entre los poderes del Estado para asegurar el buen funcionamiento institucional y la confianza ciudadana.
Reformas pendientes en el CGPJ y la Fiscalía General
Respecto al sistema democrático español, la Comisión alerta sobre la reforma pendiente del procedimiento para elegir a los jueces del CGPJ. Recomienda al Gobierno de Pedro Sánchez avanzar en la adecuación de este proceso a los estándares europeos y a las recomendaciones de la Comisión de Venecia, que sugieren que los propios jueces elijan a sus vocales.
Los servicios europeos reconocen "progresos limitados" ya que, aunque se recibieron orientaciones específicas, aún no se ha logrado el consenso necesario para concluir la reforma. Se menciona el acuerdo entre PSOE y PP con mediación europea que permitió cierto avance, aunque queda pendiente su desarrollo final.
En cuanto a la Fiscalía General, Bruselas destaca avances significativos en la mejora de su estatuto a través del proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, que asigna las investigaciones penales a fiscales y prolonga el mandato del fiscal general a cinco años, para desvincularlo del Gobierno. No obstante, esta reforma sigue en tramitación y no ha sido aprobada aún.
Por ello, se recomienda continuar el esfuerzo para consolidar la independencia del órgano fiscal, especialmente en términos de la separación de mandatos.
La Comisión también reclama avances en la ley de transparencia e integridad en las actividades de grupos de interés, aún sin aprobación parlamentaria, destacando la necesidad de un registro público obligatorio para lobbyistas. Sin embargo, reconoce progresos en el acceso a la información, con la revisión de la Ley de Secretos Oficiales, y pide completar estos esfuerzos con nuevas leyes que cumplan las normas europeas sobre transparencia y acceso a documentos oficiales.