Transferencia de fondos del Gobierno a las comunidades autónomas para garantizar la financiación
El Gobierno transferirá a las comunidades autónomas un total de 904 millones de euros destinados a financiar el nivel acordado de la dependencia. Esta cifra ascenderá hasta los 970 millones de euros al considerar los recursos adicionales que reciben Euskadi y Navarra, derivados del cálculo del cupo vasco y la aportación navarra, respectivamente.
Así lo comunicó el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que ha presentado esta propuesta en la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, previa a la aprobación por parte del Consejo de Ministros.
El departamento encabezado por Pablo Bustinduy subraya que, por segundo año consecutivo, esta partida registra la mayor dotación económica de su historia. Este importe complementa la financiación destinada a servicios de atención a personas en situación de dependencia en cada comunidad, en función del cumplimiento de objetivos vinculados a la reducción de las listas de espera y a la mejora del empleo en el sector.
- Financiación del nivel acordado de dependencia
- Incremento y evolución presupuestaria
- Objetivos y uso de los recursos
- Reforma de las leyes de dependencia y discapacidad
Financiación del nivel acordado de dependencia
El Ministerio ha recordado que el nivel acordado fue eliminado en 2012 y que no se recuperó hasta 2021, año en el que se asignaron 306,9 millones de euros. Desde entonces, esta partida ha experimentado un crecimiento constante hasta alcanzar el monto actual de 970 millones de euros.
El pasado 23 de junio se aprobó un real decreto-ley que dobla las cuantías que el Estado transfiere a las comunidades por cada persona reconocida con un grado de dependencia.
Incremento y evolución presupuestaria
La subida en el nivel acordado, junto con la ampliación del nivel mínimo que ha aprobado el Gobierno, implicará que en 2027 las transferencias estatales a las autonomías sumarán 7.239,4 millones de euros, lo que significará alcanzar el 50 % de la financiación total en dependencia.
Objetivos y uso de los recursos
El Ministerio enfatiza que las administraciones autonómicas contarán con la mayor financiación histórica para mejorar la reducción y agilización de las listas de espera. Además, se fortalecerán las condiciones laborales de las profesionales, se incrementará y mejorará la oferta de servicios para personas en situación de dependencia, se aumentará la inversión en tecnología y se ampliarán servicios como la teleasistencia y la atención domiciliaria.
Reforma de las leyes de dependencia y discapacidad
Entre los objetivos clave de esta ampliación presupuestaria está reforzar los recursos para apoyar los cambios estructurales previstos en la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad, que actualmente está en trámite en el Congreso de los Diputados.
Esta norma introducirá nuevos modelos de convivencia colaborativa, así como cuidados y apoyos en viviendas compartidas. También contempla la provisión de productos de apoyo para mejorar la autonomía personal, como sillas de ruedas eléctricas, andadores, camas articuladas y asistentes de voz, que serán facilitados mediante préstamo o cesión temporal.
Se prevé la extensión del servicio de teleasistencia personal para quienes lo requieran y tengan mayores necesidades de apoyo. Asimismo, se ampliará el servicio de ayuda a domicilio, permitiendo que las personas beneficiarias puedan ser acompañadas por sus cuidadoras a actividades externas, como consultas médicas o compras.