La acusación reduce a 13 años prisión para Begoña Gómez y cita a testificar a Pedro Sánchez
La acusación popular dirigida por Hazte Oír ha solicitado una condena de 13 años de prisión para Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además, han pedido que el propio presidente declare como testigo en el juicio con jurado popular que se sigue contra Gómez y su asesora, Cristina Álvarez.
Este requerimiento consta en un escrito al que tuvo acceso Europa Press, donde se imputan a Gómez dos delitos presuntos de malversación y uno de tráfico de influencias. En forma subsidiaria, reclaman diez años de cárcel para las acusadas en caso de que se aprecie el concurso medial. Para Álvarez, se piden seis años como cooperadora necesaria en un delito de malversación. Vox, que también forma parte de la acusación popular, respalda las mismas penas.
Inicialmente, esta acusación había pedido 24 años para Gómez y 22 para su asesora, aunque el juez instructor, Juan Carlos Peinado, solicitó a las partes presentar nuevas peticiones previo al juicio una vez que la Audiencia Provincial de Madrid archivó los delitos de corrupción en negocios y apropiación indebida imputados a la esposa del presidente.
- Acusación penal contra Begoña Gómez
- Giro profesional tras la presidencia de Sánchez
- Financiación de la cátedra
- Uso de recursos públicos para fines privados
Acusación penal contra Begoña Gómez
La acusación popular ha solicitado la declaración de Pedro Sánchez alegando su vínculo con Gómez y la utilización del Palacio de la Moncloa como ámbito relacional para el proyecto investigado. La Audiencia de Madrid señaló como "verosímil" que la esposa del presidente logró influir desde su posición privilegiada para obtener la concesión de la cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) de forma inmediata y sin controles rigurosos sobre el proyecto.
Giro profesional tras la presidencia de Sánchez
Hazte Oír destaca que con la llegada de Sánchez a la presidencia en junio de 2018, Gómez incrementó su proyección institucional e influencia en ámbitos públicos y privados. Asimismo, accedió a emplear medios y recursos públicos para actividades de tipo privado, laboral, mercantil y universitario. Según esta versión, Gómez modificó su trayectoria profesional con plena conciencia y voluntad tras la llegada de su esposo al Gobierno.
En ese contexto, tomó una excedencia en la empresa donde trabajaba y buscó acceder a círculos de poder e influencia. En agosto de 2018 fue nombrada directora del IE Africa Center y codirectora del Máster Propio en Dirección de Fundraising en la UCM. En 2020 impulsó la creación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, que se estableció formalmente en octubre de ese año.
Hazte Oír denuncia que dicha cátedra careció de un proceso competitivo de selección académico equivalente al ordinario. Además, durante su existencia no contó con equipo docente, personal propio ni desarrolló actividad investigadora ni publicaciones según lo previsto en el convenio.
Financiación de la cátedra
Se sostiene que la cátedra fue empleada como un instrumento para captar financiación y recursos de importantes empresas tecnológicas al servicio del proyecto personal de Gómez. Aunque la dirección pareció gratuita, la creación y el nombramiento beneficiaron a Gómez con prestigio, acceso a recursos y control sobre proyectos vinculados a esos másteres.
La acusación indica que, valiéndose de su posición como esposa del presidente y el paraguas institucional de la cátedra, Gómez obtuvo aportaciones económicas, servicios y trabajos que favorecieron sus intereses y los de la sociedad que constituyó, todo sin costo para ella. Este procedimiento permitió que recibiera patrocinios, soporte técnico y posicionamiento competitivo para desarrollar un software a costo muy inferior al habitual.
Además, la actividad de captación y contacto con compañías no fue tarea exclusiva de Gómez. Su asesora, Álvarez, intervino en comunicaciones y reuniones con empresas colaboradoras o potenciales, incluyendo Google y Human Age Institute/ManpowerGroup. Según el escrito, Álvarez aportaba al proyecto una imagen institucional reforzada por su rol en la Presidencia del Gobierno.
Uso de recursos públicos para fines privados
Hazte Oír denuncia que Gómez utilizó para intereses privados la labor de una empleada pública, en referencia a Álvarez, quien llevó a cabo tareas profesionales durante su jornada laboral para beneficio particular de la esposa del presidente. Entre estas acciones se citan llamadas al rector de la UCM, acompañamiento a eventos académicos y mercantiles, y envíos de correos desde su cuenta institucional a personas vinculadas a la cátedra.
Este comportamiento no se limita a gestos aislados, sino que implicó un uso sistemático y continuado de medios y tiempo laborales de Álvarez en favor de Gómez. La desviación se habría realizado con pleno conocimiento y por instrucción de la acusada, constituyendo el uso privado de un recurso público asignado por la posición institucional de esta última.
Finalmente, la asociación solicitó más de cien testigos, incluyendo al presidente del Gobierno, al ministro Félix Bolaños y al empresario Víctor de Aldama, condenado en el 'caso mascarillas'.
