Begoña Gómez solicita absolución por no tener "ánimo de enriquecerse" ni "apropiarse" del software de UCM
Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado su absolución en el juicio que enfrenta. En su defensa, afirma que nunca tuvo la intención de enriquecerse ni se apropió del software de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
En el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, Gómez también niega haber utilizado el software de la UCM para fines privados, tal como sostiene la acusación popular impulsada por Hazte Oír.
Actualmente, Gómez está siendo juzgada por un jurado popular por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias. Hazte Oír pide para ella una condena de 13 años de prisión, después de que el juez Juan Carlos Peinado decidiera sentarla en el banquillo junto a su asistente, Cristina Álvarez, tras concluir la instrucción del caso.
- Dominio y propiedad del software
- Relación con la universidad y funciones
- Rol de la asistente Cristina Álvarez
Dominio y propiedad del software
Gómez explica que el dominio de la cátedra, financiado con sus propios recursos, fue únicamente una herramienta técnica para el acceso web, creada siguiendo indicaciones de la UCM. Sostiene que la universidad no contaba con un proceso operativo para registrar el dominio y que la plataforma tecnológica no estaba aún finalizada para formalizar su registro.
Por ello, su papel como codirectora de la cátedra fue provisional y funcional, buscando evitar que terceros tomaran control del dominio y lo usaran indebidamente hasta que el proyecto pudiera registrarse bajo el nombre de la UCM.
La esposa del presidente reafirma que la plataforma siempre se concibió como propiedad de la UCM y que el registro del dominio se realizó con el consentimiento y conocimiento de la universidad, con el fin de que el máster propio tuviera un logo identificativo para su divulgación y promoción futura.
Relación con la universidad y funciones
Gómez señala que su colaboración con la UCM comenzó en 2012, mucho antes de que su esposo llegara a la presidencia del Gobierno. Destaca que para dirigir cátedras extraordinarias o impartir enseñanzas en títulos propios no se requiere titulación universitaria oficial.
Asimismo, afirma que no presionó ni influyó moralmente en autoridades universitarias como el rector Joaquín Goyache o el vicerrector Juan Carlos Doadrio, ni en ningún otro funcionario, para obtener la creación de la cátedra que dirigió, ni se benefició de su condición de cónyuge del presidente.
Aclara que se reunió con el rector en el Palacio de la Moncloa porque durante la pandemia de COVID-19 las instalaciones universitarias estaban cerradas. En cuanto a sus ingresos, estos variaron entre 2012 y 2024 en función de las horas impartidas y funciones desempeñadas, sin exceder en ningún momento los 15.000 euros brutos anuales, límite establecido para colaboradores externos.
Su abogado, Jaime Campaner, sostiene que la cátedra extraordinaria no supuso un beneficio económico para Gómez, pues desempeñó sus tareas de manera gratuita durante cuatro años.
Rol de la asistente Cristina Álvarez
Respecto a Cristina Álvarez, también acusada en este proceso, Gómez indica que ella brinda apoyo en la coordinación, organización y gestión de sus múltiples responsabilidades, que incluyen funciones institucionales, familiares, privadas y profesionales.
Señala que, al igual que las esposas de los presidentes anteriores en la democracia española, realiza actividades institucionales sin remuneración, tanto a nivel nacional como internacional, apoyando la labor del presidente.
Por ello, es habitual que las cónyuges presidenciales cuenten con personal eventual para asistirlas en estas labores que abarcan tareas institucionales, privadas y profesionales.
La defensa defiende que Álvarez, por quien la acusación popular solicita seis años de prisión por supuesta malversación, no ha abandonado sus obligaciones como asistente, y que su apoyo a Gómez no ha estado relacionado de manera indebida con la cátedra extraordinaria.
