La defensa de Eugenio Pino afirma que la 'Operación Kitchen' es una "invención" de Villarejo
La defensa del ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino, ha sostenido que la llamada 'Operación Kitchen' es una invención mediática o una etiqueta creada por el comisario retirado José Manuel Villarejo. Según su abogado, Jorge Hernansanz, lo que realmente existió fue una "operación de inteligencia" legítima.
Este operativo, supuestamente orquestado en 2013 desde el Ministerio del Interior bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, fue señalado en el juicio que se desarrolla en la Audiencia Nacional como un intento de obtener información sobre el extesorero del PP, Luis Bárcenas, para dificultar la investigación de una presunta contabilidad oculta dentro del partido. Sin embargo, la defensa argumenta que dicha operación no puede identificarse con actos ilícitos, sino como una iniciativa legal enfocada en localizar las fuentes patrimoniales de Bárcenas.
El abogado ha detallado que el exDAO autorizó esta operación basada en información sobre la posible localización de esas fuentes a través del exchófer del extesorero, Sergio Ríos, quien actuó como confidente. Además, se hicieron vigilancias y seguimientos a la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias, para contrastar la información proporcionada. Hernansanz ha defendido que la ausencia de análisis o contraste de esa información sería lo que podría constituir un delito de encubrimiento, pero en este caso, aseguró, la operación fue genuina y legal.
- Localizar las fuentes patrimoniales
- Uso legal de fondos reservados
- Martín Blas no sabía nada
- Pino pudo dar la orden de espiar
Localizar las fuentes patrimoniales
La defensa ha expuesto que la operación de inteligencia contempló el empleo de un confidente cercano a Bárcenas para recolectar datos sobre sus posibles testaferros y recursos económicos. Las vigilancias llevadas a cabo a Rosalía Iglesias y su entorno se justificaron como parte de la corroboración de la información obtenida. La defensa ha rechazado que estas actuaciones supusieran una conducta delictiva y ha subrayado que más de cien testigos han confirmado que la finalidad de su participación era exclusivamente la búsqueda de fuentes patrimoniales.
Uso legal de fondos reservados
Hernansanz reconoció que Pino autorizó el empleo de fondos reservados, con los cuales se pagó al exchófer, y aseguró que el uso de estos recursos tiene carácter secreto y está amparado por la ley. Rechazó la crítica de las acusaciones sobre la falta de respaldo judicial, aclarando que una operación orientada a obtener información no requiere inicialmente autorización judicial, que solo se solicita cuando existen indicios claros para restringir derechos fundamentales o avanzar en la investigación formal.
Martín Blas no sabía nada
Por su parte, el abogado del exjefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, Marcelino Martín Blas, ha solicitado la absolución de su cliente al asegurar que no hay prueba alguna que vincule a su defendido con la 'Operación Kitchen'. Antonio Alberca ha negado que Martín Blas hubiera dado o recibido órdenes relacionadas con seguimientos o presiones hacia Bárcenas y su familia.
Alberca ha señalado que ni el material incautado a Villarejo muestra evidencias contra Martín Blas, ni las declaraciones de otros implicados sugieren su participación. Ha recordado que tanto el exministro Jorge Fernández Díaz como el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez negaron conversaciones significativas con Martín Blas sobre ese operativo.
Pino pudo dar la orden de espiar
El abogado también ha sugerido que podría haber sido Eugenio Pino quien ordenó al jefe de Vigilancias y Seguimientos de Asuntos Internos, Jesús Vicente Galán, iniciar el seguimiento a Rosalía Iglesias. Esta hipótesis se basa en la ausencia de pruebas contra Martín Blas y en las propias declaraciones de Pino y Villarejo, quienes negaron que el exjefe de Asuntos Internos estuviera involucrado.
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido 15 años de prisión para Eugenio Pino por delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad, mientras que para Martín Blas solicita dos años y medio por un presunto delito de encubrimiento.
