El Gobierno lanza nueva ley de asilo y revisa Extranjería por pacto europeo
El Gobierno español está avanzando en la actualización de las normativas sobre migración. Este martes 25 de agosto, en una primera aprobación por parte del Consejo de Ministros, se han dado pasos clave con la presentación de una nueva ley de asilo y la reforma de la ley de Extranjería. Estas iniciativas buscan adaptar las regulaciones nacionales a los nuevos estándares europeos, según explicó la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
El propósito es evidente: crear un marco legal más ágil, pero sin sacrificar derechos fundamentales, explicó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Ambos proyectos priorizan el respeto a los derechos humanos, en línea con el Pacto Europeo de Migración y Asilo vigente desde junio, el cual marca pautas claras para la protección y gestión de la migración en la Unión Europea.
Nueva ley de asilo
El proyecto de la nueva ley de asilo tiene un enfoque claro: combinar la protección de los derechos de los migrantes con una gestión responsable y eficaz de las fronteras. Marlaska destacó que, aunque esta reforma acelera los procesos, no renuncia a mantener intactas las garantías para quienes buscan protección en España.
Entre las novedades, se actualizan conceptos esenciales como las definiciones de protección internacional, estatus de refugiado y protección subsidiaria. También se incorporan formas de persecución que antes no se reflejaban tan claramente, como aquellas relacionadas con el género, la identidad o expresión de género y la discapacidad. De esta manera, la ley contempla de forma más detallada situaciones especiales de vulnerabilidad.
Reforma de la ley de extranjería
La reforma en la ley de extranjería introduce el triaje, un proceso obligatorio para detectar y clasificar a las personas que cruzan las fronteras sin pasar por controles regulares. Este procedimiento implica un reconocimiento médico, evaluación de vulnerabilidad, identificación, toma de datos biométricos, inspección de seguridad y, finalmente, la derivación al proceso adecuado según cada caso.
El tiempo máximo de esta fase en España será de 72 horas, un plazo menor al estipulado por el reglamento europeo, que permite hasta siete días, con el fin de reducir la estancia de los extranjeros en instalaciones policiales al mínimo necesario.
Plazos y procedimientos clave
Respecto a la tramitación de solicitudes de protección internacional, la futura ley contempla distintos procedimientos. Se separan los procesos ordinarios de examen y un procedimiento acelerado que debe resolverse en un plazo máximo de tres meses.
También se establece un procedimiento específico en frontera con un plazo de resolución de hasta 12 semanas, durante las cuales el solicitante deberá permanecer bajo supervisión de las autoridades españolas.
En cuanto a las personas que lleguen de manera irregular y no tienen derecho a protección internacional, la reforma incluye pautas para impedir su entrada y facilitar su retorno, en línea con el Pacto Europeo de Migración. Aquellos cuyo estatus de protección sea denegado serán notificados formalmente y deberán abandonar el país, tal y como ha informado el ministro del Interior.