Moncloa señala que la orden de Peinado evidencia la obsesión y persecución del juez contra Begoña Gómez
- Reacciones desde Moncloa sobre la decisión judicial
- Medidas cautelares para Begoña Gómez y su asesora
- Acusaciones formales y situación del tercer investigado
Reacciones desde Moncloa sobre la decisión judicial
El Gobierno, a través de Moncloa, ha manifestado este sábado que el juez Juan Carlos Peinado, al dictar la apertura de juicio oral con jurado popular contra Begoña Gómez, "constata la persecución, la obsesión y la desproporción" por parte de este magistrado. Además, se afirma que el instructor ha llevado a cabo una investigación "carente de todo fundamento jurídico y que responde únicamente a razones políticas".
Desde Moncloa se ha respondido de esta manera ante la decisión de Peinado de retirar el pasaporte a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto con la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer ante la sede judicial cada quince días para firmar.
Medidas cautelares para Begoña Gómez y su asesora
El juez Peinado argumenta que, aunque Gómez pueda estar acompañada o custodiada por agentes de seguridad debido a su condición de esposa del presidente, "no cabe duda" de que esos policías, en algún momento, "pueden, por iniciativa propia o por órdenes superiores, colaborar en alguna acción para facilitar una posible fuga que impida que la acusada esté a disposición de la justicia".
En relación a esta valoración, fuentes de Moncloa han calificado la imputación contra la Policía Nacional como "otro ejemplo del despropósito al que asistimos".
En un auto de 84 páginas difundido este sábado, el magistrado también establece las mismas medidas cautelares para Cristina Álvarez, asesora de Gómez, que consisten en la retirada de pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de firmar periódicamente mientras dure la investigación hasta que se dicte una resolución definitiva.
Acusaciones formales y situación del tercer investigado
Esta determinación se tomó tras la audiencia preliminar celebrada el pasado lunes en los juzgados de Plaza de Castilla, donde las acusaciones populares, lideradas por la organización Hazte Oír, mantuvieron sus peticiones sobre la aplicación de las medidas cautelares mencionadas.
El juez instructor atribuye a Begoña Gómez y a su asesora presuntos delitos relacionados con tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de fondos públicos.
Además, el magistrado envía a juicio al empresario Juan Carlos Barrabés, tercer investigado en esta causa, por supuestos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias, aunque no impone medidas cautelares contra él.