El Gobierno defiende la ley de nietos y acusa a Feijóo de prever derrota

La ministra Portavoz, Elma Saiz, y el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 29 de junio de 2026, en Madrid (España).
La ministra Portavoz, Elma Saiz, y el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 29 de junio de 2026, en Madrid (España).

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha defendido la denominada 'ley de nietos', que otorga la nacionalidad española a los descendientes de exiliados, como una medida de "reparación y justicia" para quienes tuvieron que huir a causa de la dictadura. Por otro lado, ha señalado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, está "frustrado y desesperado" ante sus afirmaciones sobre supuestas maniobras electorales del Ejecutivo.

En una entrevista en una emisora de radio, el jefe de la oposición acusó a Pedro Sánchez de buscar nuevos votantes mediante esta legislación, recogida en la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática. Según Feijóo, esta ley provocaría que en poco tiempo se incremente "en dos millones y medio el número de personas habilitadas para votar gracias a la nacionalización y la obtención de un pasaporte español".

Saiz calificó estas declaraciones como "una irresponsabilidad grave" y manifestó que reflejan la desesperación de quien carece de un proyecto político nacional. Además, comentó que el dirigente popular parece anticipar una posible derrota electoral.

  1. Defensa de la ley de nietos
  2. Reacciones del Gobierno y el PP
  3. Datos sobre las solicitudes de nacionalidad

Defensa de la ley de nietos

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Saiz recordó que la 'ley de nietos' forma parte de la ley de memoria democrática, sustentada en los principios de reparación y justicia hacia españoles que tuvieron que exiliarse por la dictadura. Destacó también que en 2009 el actual líder del PP reconocía que estas modificaciones requerirían amplios consensos y mayorías.

La portavoz solicitó responsabilidad a los líderes políticos y lamentó que el PP se asemeje, una vez más, a Vox en cuanto al discurso asociado a esta ley. Saiz insistió en transmitir un mensaje de confianza hacia la ciudadanía respecto al buen funcionamiento de los procesos electorales en España, considerados entre los mejores a nivel mundial.

Reacciones del Gobierno y el PP

El Gobierno acusa al PP de generar odio y desinformación. Saiz argumentó que aunque la ley lleva años en vigor —comenzó su implementación en 2020 y entró en vigor en 2022— ahora se usa para crear un clima de confrontación.

Fuentes oficiales destacaron que Feijóo busca confundir a la opinión pública, especialmente en un momento en el que se cierra el proceso extraordinario de regularización de migrantes. Aunque estas dos cuestiones son diferentes —los migrantes regularizados solo pueden votar en municipales y bajo condiciones específicas en otros ámbitos— el líder del PP las estaría mezclando para alimentar el miedo y la hostilidad hacia ellos.

Desde el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática se criticó la "profunda irresponsabilidad" del presidente del PP, ya que consideran que trivializa y manipula la memoria democrática, reduciendo un derecho de justicia a un asunto con fines electorales. Recordaron también que el PP rechazó la ley en su totalidad, pero no cuestionó la disposición que recoge la nacionalización para descendientes de exiliados en el recurso de inconstitucionalidad presentado.

Datos sobre las solicitudes de nacionalidad

Según cifras oficiales, hasta la fecha se han iniciado los trámites para solicitar la nacionalidad española 2,5 millones de descendientes de exiliados. De estos, las oficinas consulares a nivel mundial han aprobado 545.000 expedientes y 306.500 personas ya están inscritas en el Registro Civil consular, por lo que pueden ejercer su derecho a voto en España. Estos datos corresponden al 31 de marzo de 2026 y continúan en proceso de actualización.

Desde Moncloa defienden el derecho al voto de estas personas, que proviene del hecho de que sus familias tuvieron que abandonar España debido a la represión franquista, y desafían al PP a que defienda públicamente lo contrario.