El jefe de la UCO hasta 2025 reveló presiones para "ponerse de perfil" en caso Sánchez
El exdirector de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, criticó un informe judicial calificándolo de "totalmente prospectivo y malintencionado".
Rafael Yuste, que lideró la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entre 2023 y 2025, reveló ante sus agentes que recibió presiones tanto del exdirector general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, como del director adjunto operativo (DAO) para mantener una actitud pasiva en la investigación relacionada con David Sánchez, hermano del presidente Pedro Sánchez, y que fuera la autoridad judicial la que tomara la iniciativa.
El sumario del 'caso Leire Díez', al que tuvo acceso Europa Press, contiene la declaración de Yuste, actual general a cargo de la Jefatura de Servicios Técnicos del Mando de Apoyo de la Guardia Civil, sobre una reunión del 12 de julio de 2024.
El excoronel jefe de la UCO relató el 27 de mayo que Marcos, entonces director general y antecesor de Mercedes González, calificó el oficio solicitado por la UCO para investigar al hermano de Sánchez como "totalmente prospectivo y malintencionado".
- Credibilidad y oposición en la UCO
- Reunión del 16 de julio y órdenes del DAO
- Filtraciones y campaña contra la UCO
- Informaciones reservadas y nota de despacho
Credibilidad y oposición en la UCO
Según el informe de la UCO, Marcos indicó que la "credibilidad estaba por los suelos" y pidió que para el 19 de julio se presentara un informe completo que concluyera sin hallazgos. Yuste se opuso a esta demanda, argumentando que era imposible cumplir con ese plazo debido a la necesidad de analizar correos electrónicos y preparar el informe destinado a la autoridad judicial.
En la reunión de julio de 2024 participaron también el jefe de Policía Judicial y el DAO, cargo que desde diciembre de 2023 desempeña el teniente general Manuel Llamas.
Reunión del 16 de julio y órdenes del DAO
El atestado detalla una segunda reunión el 16 de julio de 2024 en la que el DAO visitó las dependencias de la UCO para interesarse por la investigación vinculada al hermano de Sánchez, promovida por el Juzgado de Instrucción Número 3 de Badajoz, cuyo juicio comenzó la semana pasada.
En esa cita, el DAO sugirió que, en casos con influencia política, no se adoptara una actitud proactiva, recomendando "ponerse de perfil" y que fuera la autoridad judicial quien dirigiera los pasos a seguir.
Filtraciones y campaña contra la UCO
Los agentes de la UCO también indagaron sobre posibles filtraciones de información confidencial a medios de comunicación, atribuibles a su propia unidad, en particular al departamento que encabeza el teniente coronel Antonio Balas. Por ello, el 27 de mayo se tomaron declaraciones a varios mandos de la Guardia Civil, según documentos oficiales.
Se abrieron tres informes reservados durante la etapa de Rafael Yuste en la jefatura de la UCO, debido a presiones políticas recibidas por el DAO, en diciembre de 2024, y en mayo y septiembre de 2025. Estos se centraron en la posible filtración de conversaciones por WhatsApp entre el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, que varios medios difundieron. En algunos titulares se hablaba de "tensión en la UCO" causada por la intervención de un agente vinculado al ministro Marlaska.
El 5 de septiembre de 2025, la UCO recibió un oficio del general jefe del Estado Mayor solicitando un organigrama de la propia unidad que detallara a los oficiales directamente relacionados con las investigaciones del presidente del Gobierno, con identificación nominal.
Informaciones reservadas y nota de despacho
En cumplimiento de la orden de la directora general, se tomaron declaraciones al general jefe de Policía Judicial, al jefe de la UCO, al teniente coronel Antonio Balas y a un miembro de prensa. En octubre se cerraron estos informes sin atribución de responsabilidad.
Otra investigación reservada se centró en una nota del DIECAN (Departamento de Investigación contra la Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO), liderado por Antonio Balas, que señalaba que Leire Díez ejercía control sobre la directora de la Guardia Civil y que se desarrollaba una campaña para desacreditar a la UCO.
Según el exjefe de la UCO, esta campaña de descrédito estaba promovida por personal vinculado a la empresa Hafesa y miembros del PSOE, incluyendo a Leire Díez, quien se atribuía influencia sobre la cúpula de la Guardia Civil, específicamente sobre su directora general.
La Jefatura de Información emitió el 29 de abril de 2025 una nota relacionada con este asunto, enviada al general jefe de Policía Judicial y puesta en conocimiento de la directora general a través del DAO.
El informe policial menciona una videoconferencia entre Leire Díez y Alejandro Hamlym, responsable de Hafesa e investigado por fraude en hidrocarburos, buscando información para perjudicar la investigación judicial de la UCO.
La nota señala que Leire Díez contaba con el apoyo de Santos Cerdán y que la directora general de la Guardia Civil estaba al tanto del propósito y alcance de estas acciones.