El Congreso tumba la propuesta del PP sobre la crisis de Ceuta, respaldada solo por Vox y UPN
El Pleno del Congreso ha rechazado las propuestas presentadas por el Partido Popular para abordar la crisis en Ceuta. Estas iniciativas incluían el refuerzo del perímetro fronterizo mediante la prolongación del espigón del Tarajal, la incorporación permanente de efectivos de Policía y Guardia Civil, así como aumentar el personal destinado a agilizar la gestión de expulsiones tras la entrada masiva de migrantes ocurrida los días 30 y 31 de julio.
Solo Vox y UPN apoyaron la propuesta, mientras que Coalición Canaria se abstuvo. Por otro lado, el Gobierno junto a sus habituales aliados y Junts votaron en contra.
El Partido Popular fundamenta su plan en cuatro ejes: mejoras en infraestructuras, aumento de medios humanos, incorporación tecnológica y reformas legales.
- Medidas en personal
- Reformas legales
- Despliegue de Frontex
- Relaciones con Marruecos
- Plan económico para Ceuta y Melilla
Medidas en personal
En cuanto al personal, el PP solicita consolidar refuerzos permanentes tanto para la Guardia Civil como para la Policía Nacional. También plantea dotar a Ceuta de las unidades de Extranjería necesarias para tramitar los expedientes correspondientes, reforzar a los profesionales sanitarios y promover ante las autoridades competentes el aumento de jueces y fiscales.
Reformas legales
Respecto al ámbito legislativo, la propuesta contempla modificar la Ley de Extranjería para ampliar el régimen de rechazo en frontera a quienes entran de forma irregular por vía marítima. Asimismo, sugiere reformar la Ley de Asilo para que las entradas forzadas no activen automáticamente el proceso regular de solicitud.
Despliegue de Frontex
El texto insta al Ejecutivo a activar con carácter inmediato los procedimientos legales para el retorno voluntario o expulsión de las personas que ingresaron ilegalmente. Propone trasladar a Ceuta las unidades de Extranjería necesarias y fijar un calendario para culminar la tramitación de expedientes.
Además, solicita usar todos los mecanismos jurídicos nacionales y europeos disponibles para proteger la integridad territorial y garantizar la seguridad fronteriza, junto con la activación de los protocolos europeos en situaciones de crisis o instrumentalización.
El Partido Popular reclama el despliegue inmediato de Frontex, incluidas las unidades de intervención rápida, aplicación de procedimientos de triaje para identificación y control de seguridad, así como mecanismos acelerados para gestionar solicitudes de asilo y devoluciones.
Entre las demandas, se incluyen tres medidas ya aplicadas por el Gobierno: declarar una situación de interés para la Seguridad Nacional, convocar el Consejo de Seguridad Nacional y designar una autoridad funcional para coordinar las acciones en Ceuta, responsabilidad asignada al ministro de Administraciones Públicas, Ángel Víctor Torres.
Relaciones con Marruecos
Con respecto a Marruecos, el PP plantea reorientar las relaciones bilaterales basándose en los principios de respeto y reciprocidad. Se busca promover un vínculo que rechace amenazas o chantajes, reafirmando que la integridad territorial española no está sujeta a debate en Ceuta, Melilla ni en aguas nacionales.
Además, se insta al Gobierno a solicitar en instituciones europeas un reconocimiento especial para Ceuta y Melilla, equiparándolas en fondos, fiscalidad y fronteras a las regiones ultraperiféricas. También proponen que ambas ciudades cuenten con representación propia en la delegación española del Comité Europeo de las Regiones.
Plan económico para Ceuta y Melilla
En el último bloque de la propuesta, el PP solicita aprobar, en colaboración con las ciudades autónomas y su sociedad civil, un Plan de Reactivación Económica que contemple una inversión mínima de 650 millones de euros entre 2027 y 2032.
El plan incluye la creación de una Ley de Régimen Especial que garantice un marco fiscal e inversor estable y establezca bonificaciones legales a la Seguridad Social del 50% y 75% para ciertas actividades económicas.
También se contemplan incentivos e inversión pública enfocados en comercio, hostelería y autónomos, mejoras en la conectividad con la península, programas contra el desempleo juvenil, facilidades para el acceso a la vivienda y una mayor presencia estructural del Estado en sectores como sanidad, educación, justicia, fuerzas de seguridad y fuerzas armadas.
