El TS señala "enchufismo" en la contratación pública de la ex de Ábalos y facilidades laborales

Archivo - La expareja de Ábalos, Jéssica Rodríguez, a su salida del Tribunal Supremo, a 7 de abril de 2026, en Madrid (España).

 

El Tribunal Supremo (TS) califica como "prácticas de enchufismo" la contratación de Jéssica Rodríguez, exnovia del exministro de Transportes José Luis Ábalos, en las empresas públicas Ineco y Tragsatec. Según el tribunal, Rodríguez recibió 43.950 euros sin desempeñar ninguna labor, tras una contratación que Ábalos "activó" y para la que "facilitó la cobertura interesada" con el fin de "eludir los controles del desarrollo efectivo de su trabajo".

Así lo indica la primera sentencia del denominado 'caso mascarillas', en la que Ábalos ha sido condenado a 24 años de prisión, su exasesor Koldo García a 19 y el empresario presunto intermediario Víctor de Aldama a cuatro años y medio, aunque este último no ingresará en prisión por su colaboración en la investigación.

El alto tribunal confirma que Ábalos hizo uso de su influencia para que su exnovia fuera contratada y mantuvo las condiciones necesarias para que no cumpliera con su jornada laboral durante la vigencia del plan criminal. Además, "proporcionó cobertura para evitar o anular los controles sobre el desempeño efectivo del trabajo" y colaboró en la falsificación de partes de asistencia, según la resolución.

La sentencia también señala que el exministro ordenó que no se molestara a Jéssica Rodríguez con demandas sobre las tareas realizadas mientras estuvo empleada, primero en Ineco y luego en Tragsatec.

La gestión para conseguir ese empleo en la empresa pública estuvo a cargo de Koldo García, quien desarrolló acciones para que la pareja de Ábalos no tuviera que trabajar y para evadir los controles laborales impuestos por las compañías contratantes, conforme a la sentencia.

Además, junto con la contratación de Claudia Montes, amiga del exministro en la empresa pública Logirail, el tribunal relaciona estos hechos con "prácticas de enchufismo en la contratación pública, impuestas bajo la presión derivada del cargo de funcionario que ejerce una posición de prevalimiento".