Díaz no valora imputación de directora de Guardia Civil y pide combatir corrupción
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha evitado pronunciarse sobre la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y del director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, acordada por el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional. Díaz ha señalado que corresponde dejar que los tribunales actúen para determinar las responsabilidades que puedan derivarse.
En declaraciones tras clausurar la VI Conferencia Iberoamericana Ministerial de Trabajo en Avilés, la vicepresidenta ha afirmado que no suele hacer valoraciones sobre investigaciones judiciales y que no tiene intención de hacerlo en este caso. Ha insistido en que corresponde a la justicia realizar su trabajo y ha agradecido la labor de toda la comunidad jurídica en este sentido.
Sobre la corrupción, Díaz ha destacado que esta no se relaciona con personas sino con actos delictivos, y ha hecho un llamado a un acuerdo político que permita adoptar medidas para su erradicación. Ha insistido en la necesidad de alcanzar consensos para implementar mecanismos efectivos contra la corrupción en el país.
Políticas contra la corrupción
Díaz ha reiterado la propuesta de crear una agencia pública independiente especializada en la prevención de la corrupción, recomendación del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO). Este organismo tendría como misión intervenir de manera preventiva y promover una cultura de integridad.
Según ha explicado, esta iniciativa fue presentada por su grupo en el Congreso, aunque no obtuvo el respaldo necesario. Considera sorprendente la falta de consenso en un contexto en el que se reciben informaciones frecuentes sobre casos relacionados con corrupción.
Reforma de la SEPI
En relación con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Díaz ha reafirmado su propuesta para transformarla en una agencia pública dedicada a la política industrial. A su juicio, el organismo debería ser “profundamente moderno” y no depender del Ministerio de Hacienda de forma orgánica.
La ministra ha explicado que vincular la gestión industrial a Hacienda dificulta la implementación de las acciones requeridas por el sector, por lo que aboga por un modelo que otorgue mayor autonomía y eficiencia. Asimismo, ha pedido transparencia total en la gestión de la SEPI, destacando que agrupa a quince grandes empresas públicas y debe funcionar como una herramienta moderna al servicio de la política industrial del país.