El Gobierno defiende controles para evitar fraude en cambios de sexo en prisión
- La administración penitenciaria y la identidad de género
- Respuesta del Gobierno ante preguntas del PP
- Marco legal y protección de personas trans en prisiones
La administración penitenciaria y la identidad de género
El Ejecutivo ha manifestado la existencia de mecanismos legales para identificar y actuar frente a fraudes de ley en procesos de cambio de sexo de internos en centros penitenciarios. Esta declaración responde a la petición formulada por el Partido Popular (PP) sobre el caso concreto de Joan Vila, conocido como el 'celador de Olot'. Vila cumple condena tras ser declarado culpable del asesinato de once ancianos en un geriátrico.
El PP solicitó específicamente un posicionamiento respecto a la situación de Vila y otros casos parecidos donde reclusos con penas por delitos graves son trasladados a módulos femeninos tras iniciar un proceso de transición de género.
Respuesta del Gobierno ante preguntas del PP
Según la comunicación oficial obtenida por Europa Press, el Ejecutivo aclaró que "el sexo, género o diversidad sexo-genérica son solo una variable más que es valorada y tenida en cuenta por la Administración Penitenciaria para la asignación de un módulo, sin que sea de por sí determinante, sino ponderada junto con el resto que concurran".
Además, han señalado que en los casos donde se detecte fraude de ley existen mecanismos jurídicos habilitados para su persecución y detección efectiva. La Administración Penitenciaria asegura que la asignación a módulos cumple criterios para proteger la "seguridad, integridad física, intimidad" del recluso. Estos criterios buscan también proporcionar actividades y recursos para una mejor reinserción social acorde con la diversidad de cada interno.
Marco legal y protección de personas trans en prisiones
El Gobierno ha recordado que la Administración Penitenciaria presta especial atención a las mujeres privadas de libertad, dado que esta situación impacta de forma particular en su vulnerabilidad. Esto se relaciona con la ruptura de vínculos familiares, antecedentes de violencia, exclusión social y estigmatización.
Asimismo, se ha hecho referencia a la Ley 4/2023, de 28 de febrero, que garantiza los derechos de las personas trans y LGTBI, señalando que dicha norma representó un avance significativo en la protección de estos derechos también en el ámbito penitenciario. En paralelo, se citó la Instrucción 7/2006 de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, que regula la integración de personas transexuales en el sistema penitenciario.
Finalmente, el PP preguntó sobre la coordinación entre el Ministerio de Igualdad y la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ante supuestos en los que un preso inicia un proceso de cambio de sexo, adopta identidad femenina y es trasladado a un módulo de mujeres.
