Juicio 'Kitchen': 100 testigos en cuatro meses, ¿espionaje o acción legal?
El juicio correspondiente a la 'Operación Kitchen' ha finalizado esta semana con la vista oral completada tras cuatro meses, durante los cuales el tribunal de la Audiencia Nacional (AN), encabezado por la magistrada Teresa Palacios, ha escuchado a más de cien testigos, entre policías, investigadores y políticos.
Este proceso judicial contó con los testimonios centrales tanto del expresidente Mariano Rajoy, quien compareció como testigo, como del extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, que figura como perjudicado en la causa.
El procedimiento, que comenzó a principios de abril, llegó a su fin con los alegatos de defensa de los imputados, quienes rechazaron la existencia del supuesto espionaje ilegal orquestado desde el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Rajoy. Según la acusación, este operativo tenía como objetivo obtener información del extesorero Bárcenas respecto a líderes del partido, con la intención de entorpecer la investigación sobre una contabilidad paralela dentro del PP.
Los abogados de la defensa sostuvieron en cambio que no existió tal entramado criminal o parapolicial. Indicaron que, en realidad, se trató de una operación policial legítima encaminada a localizar posibles fondos ocultos por Bárcenas en el extranjero, así como identificar a sus presuntos testaferros, dado que en ese momento la justicia ya investigaba al extesorero.
Por estos hechos, la Fiscalía Anticorrupción solicitó penas que suman hasta 15 años de prisión para varios implicados, entre ellos el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, su ex número dos Francisco Martínez, y altos mandos policiales como Eugenio Pino y Andrés Gómez Gordo.
La condena más elevada, 19 años, fue pedida para el excomisario José Manuel Villarejo, mientras que para Sergio Ríos, antiguo chófer de Bárcenas, se pidieron 12 años y medio, y para Marcelino Martín Blas, exjefe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI), dos años y medio.
Asimismo, la Fiscalía pidió la absolución para varios policías, entre ellos el inspector José Luis Olivera, y para José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano, cuyos cargos fueron retirados por la acusación particular, representada por la familia Bárcenas, y la acusación popular, ejercida por PSOE y Más Madrid.
Mientras los defendidos mantuvieron que sus actuaciones fueron legales —instando a que la verdadera irregularidad hubiera sido no investigar a Bárcenas, según la defensa de Francisco Martínez—, el fiscal César de Rivas argumentó que quedó demostrado en el juicio la existencia de un operativo parapolicial dedicado a recopilar información comprometedora y grabaciones sobre miembros del PP vinculados a Bárcenas.
La letrada de la familia Bárcenas sostuvo que el Ministerio del Interior impulsó la 'Operación Kitchen' porque la información que poseía el extesorero era capaz de derribar el Gobierno de Rajoy. Por su parte, PSOE y Podemos señalaron a Fernández Díaz como la cabeza de lo que definieron como una organización criminal.
Los días de mayor atención durante las alrededor de cuarenta sesiones del juicio fueron las declaraciones de Rajoy y Bárcenas.
El extesorero, cuya salida de prisión tras el caso Gürtel se produjo un año y cuatro meses antes, compareció ante la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, Madrid, y durante un interrogatorio que duró casi siete horas reconoció haber pedido a uno de sus compañeros de prisión que destruyera audios relacionados con "MR", en referencia a Mariano Rajoy. Según Bárcenas, en esos audios se escucharía al expresidente destruir un sobre con información sobre la contabilidad paralela del partido.
Además, Bárcenas relató que la operación comenzó en la sede del PP con la eliminación de discos duros de sus ordenadores en su despacho, acción atribuida a las personas responsables del partido en aquel entonces.
Por su parte, Rajoy negó tajantemente haber destruido dicho sobre frente a Bárcenas y ratificó la versión de la defensa al calificar la operación como una actuación policial ajustada a la legalidad, cuyo objetivo fue recuperar fondos de Bárcenas y esclarecer la identidad de sus posibles testaferros.