Junts y ERC impulsan reconocer negligencias del Estado en el 17A, PSOE y PP se oponen
Los grupos parlamentarios Junts, ERC y Sumar han registrado propuestas de conclusiones en la comisión del Congreso que investigó los atentados yihadistas ocurridos en Cataluña en agosto de 2017. Estos partidos atribuyen al Estado "negligencias" en la prevención de los ataques, mientras que PSOE, PP y Vox rechazan tal afirmación. Estos documentos deberán someterse a votación en la comisión y, eventualmente, en el Pleno del Congreso, aunque la fecha de convocatoria no ha sido fijada aún.
Junts señala que una parte de la responsabilidad recae en una supuesta negligencia o imprudencia de los servicios secretos por ocultar vínculos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con Abdelbaki Es-Satty, el imán de Ripoll considerado cerebro de los atentados. Según esta formación, dicha ocultación se debió a una decisión política que privilegió intereses partidistas ante la proximidad del referéndum de independencia del 1 de octubre, anteponiéndolos a los derechos de las víctimas de conocer toda la verdad.
Junts adopta la tesis planteada en su día por el comisario José Manuel Villarejo, que señala que el CNI perdió el control sobre su relación con el imán de Ripoll. Además, atribuye responsabilidad a la cúpula del Ministerio del Interior presidido entonces por José Ignacio Zoido y a la vicepresidenta primera Soraya Sáenz de Santamaría, así como al actual Ejecutivo, argumentando que no se ha desclasificado toda la información relevante. Este grupo también cuestiona la versión oficial sobre la muerte del imán en la explosión previa de Alcanar y reclama que la Fiscalía impulse nuevas diligencias para esclarecer interrogantes sobre el origen, la preparación y las posibles responsabilidades vinculadas a los ataques.
- Posición de Junts y ERC
- El papel de Sumar
- Respuesta del PSOE y PP
- Debate sobre coordinación y víctimas
- Evaluación de Vox
Posición de Junts y ERC
Esquerra Republicana (ERC) coincide en que el Estado cometió un fallo grave en la prevención de los atentados y señala una posible negligencia en la gestión de la información que el CNI y los Mossos d’Esquadra disponían sobre Es-Satty. Sin afirmar un conocimiento previo exacto del plan del atentado, la comisión considera que existen indicios para valorar una supuesta actuación negligente. Para ERC, la falta de transmisión de información a los Mossos antes de los ataques representa un punto clave de fallo institucional, demostrando una deficiente coordinación y ausencia de lealtad institucional, lo que exige responsabilidades políticas y reformas estructurales para evitar repetición.
Junts, ERC y Sumar coinciden en la necesidad de desclasificar la totalidad de los documentos relacionados con los ataques, una medida que no apoyan PSOE ni PP.
El papel de Sumar
Sumar propone que la Fiscalía General del Estado valore la realización de diligencias preprocesales para profundizar en la verdad de lo ocurrido, como un mecanismo excepcional. Además, aboga por la creación de un relato público, oficial e institucional riguroso que permita un cierre emocional colectivo, dignifique a las víctimas y evite narrativas conspirativas que puedan surgir.
Respuesta del PSOE y PP
El PSOE destaca los avances realizados en coordinación antiterrorista en los últimos años y resalta la eficacia mostrada por los Mossos d’Esquadra. Aboga por mantener una relación basada en la lealtad mutua entre los cuerpos policiales y los servicios de inteligencia, formalizar canales internacionales de alerta y mejorar la coordinación entre Prisiones y fuerzas de seguridad para detectar la radicalización de internos. Reconoce dificultades prácticas en la identificación de víctimas debido a diferentes fuentes de información y plantea reformar la ley de Víctimas del Terrorismo para ampliar la definición, asistencia y protección.
Por su parte, el PP admite que la radicalización y el atentado frustrado previo a la explosión en Alcanar no fueron detectados, pero recalca que no puede considerarse un acto de negligencia. Rechaza que el imán de Ripoll fuera colaborador del CNI, Policía o Guardia Civil, y niega responsabilidades del CNI y otros cuerpos de seguridad en los atentados. Asimismo, acusa al expresidente catalán Carles Puigdemont de uso partidista de la información, desmintiendo que los Mossos recibieran la alerta de la CIA en mayo de 2017 sobre un posible atentado en Las Ramblas.
Debate sobre coordinación y víctimas
En materia de prevención, el PP subraya que, pese a contar con nivel antiterrorista 4, la propuesta policial para instalar obstáculos en zonas concurridas no fue implementada en Barcelona durante la Navidad de 2017, lo que habría podido prevenir los daños. Por otro lado, Sumar apoya la mejora continua de la coordinación entre fuerzas de seguridad, valorando como muy superior la situación actual respecto a 2017.
En la atención a las víctimas, el PSOE reconoce que la coexistencia de diversas fuentes de información ha dificultado una identificación exhaustiva, por lo que pide perfeccionar los sistemas de coordinación y registro. Además, insta a reformar la legislación para ampliar el reconocimiento y protección de las víctimas del terrorismo.
Evaluación de Vox
Vox enfatiza que la creación de la comisión de investigación fue impulsada por Junts y ERC, y critica que no ha aportado novedades que justifiquen el objetivo inicial. Defiende la solidez de las investigaciones policiales y judiciales realizadas en su momento y refuta las acusaciones que se han vertido durante años desde ciertos ámbitos políticos, concluyendo que carecen de fundamento.
