Juzgado acepta demanda de Bolaños contra Aldama por acusación de intento de "comprar su silencio"
Demanda admitida contra Víctor de Aldama
Un juzgado de Madrid ha aceptado la demanda presentada por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, contra el empresario Víctor de Aldama, personaje central en el denominado 'caso Koldo'. La acción legal se basa en una supuesta vulneración del derecho al honor del ministro, derivada de afirmaciones hechas en medios de comunicación y redes sociales, donde Aldama alegó que Bolaños intentó sobornarle y comprar su silencio, acusaciones que el ministro califica de falsas.
Esta información fue confirmada a Europa Press por fuentes gubernamentales, luego de que el ministro interpusiera la demanda en mayo pasado ante la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid. La demanda surge tras las declaraciones de Aldama durante el juicio del 'caso mascarillas' en el Tribunal Supremo, que le impuso una condena de cuatro años y medio de prisión, aunque quedó exento de ingresar en la cárcel por su cooperación con la justicia.
Félix Bolaños solicita que se condene a Aldama por difundir falsedades en diversos medios y plataformas digitales sin presentar evidencia alguna y con un propósito que el ministro considera malintencionado, tratando de implicarle en hechos con los que no tiene vinculación. En su demanda, hecha pública por Eldiario.es, el titular de Justicia insiste en que nunca ha tenido contacto ni relación con Aldama ni con su responsable de comunicación, señalando que la única "prueba" aportada por el empresario es una foto tomada en una fiesta de cumpleaños del exministro José Luis Ábalos.
Por ello, Bolaños exige que Aldama se abstenga de hacer declaraciones similares en cualquier ámbito, incluyendo medios y plataformas digitales. Además, reclama que se le imponga la obligación de difundir la sentencia, particularmente en la red social 'X', y que se le condene a indemnizar al ministro con 70.000 euros por daños y perjuicios, junto con los intereses legales correspondientes.