A debate una ley para nacionalizar saharauis en medio de tensión con Marruecos
La próxima semana, el Congreso debatirá la aprobación de una ley destinada a facilitar la nacionalidad española a los saharauis nacidos durante el tiempo en que el Sáhara Occidental estuvo bajo la administración española. Esta iniciativa podría beneficiar a unas 80,000 personas y llega en un momento delicado, marcado por la crisis migratoria en Ceuta y la tensión creciente en las relaciones con Marruecos.
El proyecto legislativo comenzó con el rechazo por parte del PSOE, pero luego, tras trabajar junto a Sumar, lograron un acuerdo en la Comisión de Justicia que contó con el respaldo de partidos aliados el pasado 23 de julio. Vox se mostró contrario, mientras que PP y Junts decidieron abstenerse. El debate en el Pleno se dará en un contexto donde la avalancha migratoria a Ceuta ha complicado las relaciones diplomáticas con Marruecos, que reclama la soberanía del Sáhara Occidental.
El informe reciente del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), difundido esta semana, reavivó las sospechas sobre el papel del régimen alauí en la crisis migratoria. Frente a esto, Enrique Santiago, portavoz de Sumar en Justicia, apuesta a que estos acontecimientos no influyan en la postura favorable que ya mostraron los partidos, especialmente el PSOE. Además, llamó a Vox a reconsiderar su voto y apoyar la ley para no beneficiar a Marruecos con el rechazo.
Nacionalidad por carta de naturaleza
La ley contempla que se dan las “circunstancias excepcionales” para otorgar la nacionalidad española mediante carta de naturaleza a quienes hayan nacido en el Sáhara Occidental antes del 29 de septiembre de 1977, sin necesidad de residir legalmente en España.
Para validar esta condición, se aceptarán documentos como un DNI español, incluso si está caducado; recibos de inscripción en el censo para el referéndum saharaui autenticados por la ONU; certificados de nacimiento apostillados o legalizados; y otros documentos oficiales españoles relacionados, como libros de familia o constancias de empleo público en la antigua provincia.
Además, el proceso parlamentario en la Comisión de Justicia amplió la lista de documentos válidos, incluyendo certificados escolares, de pensiones, permisos de conducir españoles o certificados médicos, siempre que acrediten el nacimiento en el Sáhara Occidental antes de la fecha límite mencionada.
Los hijos en primer grado de quienes obtengan la nacionalidad mediante esta vía tendrán un plazo de cinco años desde la inscripción en el Registro Civil para solicitar también la nacionalidad española.
Dos años de residencia
El proyecto modifica el Código Civil para incorporar a los saharauis entre los grupos que pueden acceder a la nacionalidad tras solo dos años de residencia legal en España. Este plazo es similar al que aplican a nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal y sefardíes.
Las solicitudes por carta de naturaleza no tendrán costo y se podrán presentar en un período de tres años después de la entrada en vigor de la ley, con posible extensión de un año más. El Ministerio de Justicia tendrá un año para resolver cada expediente, tras consultar a los organismos involucrados de Interior y Justicia.
La ley entrará en vigor cuatro meses después de publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y obliga al Gobierno a implementar en seis meses un procedimiento electrónico dentro de la aplicación ya existente para agilizar la tramitación de estos casos.
El PP mantiene sus enmiendas
Aunque el PP se abstuvo en la votación en comisión, mantiene ocho enmiendas para el Pleno relacionadas con la concesión de nacionalidad, el procedimiento y la modificación del Código Civil, ya que consideran que faltan garantías para aplicar estas nacionalizaciones.
Por su parte, Junts prefirió abstenerse, aunque comparte el fondo de la propuesta, y criticó al PSOE y al Gobierno por “usar políticamente” una ley que estuvo congelada durante un año y medio y fue reactivada rápidamente en julio.
Vox, en cambio, cuestiona el impacto de la norma, temiendo que motive a muchos saharauis a intentar cruzar el Estrecho para llegar a España. Además, acusaron al Ejecutivo de “entregar nacionalidades, pasaportes y derechos electorales sin control” en un momento complicado.
