Sumar propone hablar con Portugal para revisar el Mundial con Marruecos tras Ceuta

Archivo - El diputado de Sumar Nahuel González.
Archivo - El diputado de Sumar Nahuel González.

Sumar ha planteado que el Congreso se pronuncie sobre si España debería reconsiderar la organización conjunta del Mundial de Fútbol 2030 con Marruecos, a raíz de la crisis migratoria que ocurrió recientemente en Ceuta. Además, buscan que el Gobierno estudie esta opción junto a la FIFA, la Federación Española de Fútbol y Portugal, que también es coanfitrión del evento.

Esta propuesta, presentada en el Congreso por el grupo minoritario que forma parte del Gobierno, está firmada entre otros por el diputado de Izquierda Unida Nahuel González. Él ya sugirió en X la idea de romper la alianza con Marruecos para la organización del Mundial.

Sumar subraya que "el fútbol no debe usarse para justificar todo", y señala que si la FIFA no acepta revisar la situación, el Ejecutivo debe plantear alternativas y actuar conforme a los principios democráticos y de derechos humanos que rigen la política exterior española.

  1. Revisión del Mundial 2030
  2. Razones y demandas de Sumar
  3. Papel del Congreso y Federación
  4. Cláusulas de derechos humanos

Revisión del Mundial 2030

Sumar expone la necesidad de hacer un análisis detallado del actual modelo conjunto para organizar la Copa Mundial de la FIFA 2030, teniendo en cuenta los graves sucesos que sucedieron en la frontera de Ceuta. También toman en cuenta antecedentes que señala el Parlamento Europeo y los compromisos de derechos humanos que deben asumir los países anfitriones.

En ese sentido, recuerdan la resolución del Parlamento Europeo del 10 de junio de 2021, donde se rechazó rotundamente el uso de las fronteras y la migración, especialmente de menores no acompañados, como una herramienta política de presión por parte de Marruecos hacia España.

Razones y demandas de Sumar

Sumar quiere que el Gobierno informe al Congreso sobre los resultados de esta revisión y exige que la Federación Española de Fútbol, con independencia y autonomía, active los mecanismos institucionales que permite la FIFA para verificar el cumplimiento del artículo 3 de sus Estatutos, que establece el respeto a los derechos humanos internacionalmente reconocidos.

También piden que la federación solicite una evaluación actualizada, pública e independiente sobre los riesgos para los derechos humanos en los países anfitriones. Además, promueven la creación de mecanismos constantes para supervisar los compromisos en todo el proceso de preparación del torneo.

Papel del Congreso y Federación

Sumar pretende que el Congreso participe activamente en toda esta revisión y solicita que el Gobierno entregue un informe en un plazo máximo de seis meses. Este informe deberá incluir las garantías asumidas, los fondos públicos comprometidos, los contratos vigentes, las alternativas al actual modelo de organización y los posibles escenarios derivados de cada decisión.

Además, reclaman que el Ejecutivo comparezca ante la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes para informar sobre todas las gestiones relacionadas. Entre ellas, debe evaluarse el impacto que tuvo la crisis de Ceuta en los compromisos de derechos humanos vinculados al Mundial y, si se detectan incumplimientos graves, plantear medidas adicionales.

Cláusulas de derechos humanos

Otra propuesta que plantea Sumar es que el Gobierno impulse ante la FIFA una reforma en los procesos de adjudicación y seguimiento de grandes eventos deportivos. Esta reforma buscaría incluir cláusulas permanentes, independientes y exigibles relativas a los derechos humanos, además de la posibilidad de retirar la condición de anfitrión si se registran violaciones graves.

Finalmente, la formación ha pedido a la ONU que investigue la actuación de Marruecos en la última crisis migratoria en Ceuta y aprovecha para solicitar que, en ámbitos bilaterales, europeos e internacionales, se promuevan aclaraciones independientes sobre los hechos, se identifique a las personas fallecidas y desaparecidas, se depuren responsabilidades y se adopten mecanismos efectivos de alerta temprana, protección de menores y salvamento de vidas.