San José busca evitar el sufrimiento de víctimas de ETA sin violar la ley
La consejera vasca de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, aboga por respetar la legalidad en las progresiones de grado y la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, concedidas a presos de ETA. Reconoce el impacto del sufrimiento causado por estos delitos, pero insiste en que no es posible ignorar la ley para evitarlo.
Actualmente, en las prisiones vascas permanecen 107 miembros de la banda terrorista, con un 90% de solicitudes amparadas en normas del Estado de Derecho, que hasta hace poco se rechazaban. La representante del Gobierno Vasco sostiene que la sociedad debe aceptar que estos internos saldrán y buscar que lo hagan en mejores condiciones que cuando ingresaron.
En una entrevista para Europa Press, San José destaca que la reinserción es un mandato constitucional y un principio fundamental del derecho penal. Explica que esta no implica impunidad ni olvidar los hechos, sino cumplir la condena legalmente, con responsabilidad, control judicial y medidas orientadas a evitar la reincidencia.
- Legalidad y reinserción
- Valoración de las progresiones y flexibilización
- Críticas políticas y respuesta oficial
- Herramientas penitenciarias: artículo 100.2 y terceros grados
- Exigencia de desclasificación de documentos oficiales
Legalidad y reinserción
San José insiste en que las personas que cumplen condena deben regresar a la sociedad en mejores condiciones que al entrar, idealmente completamente integrados, sin importar la gravedad del delito cometido. Reconoce que el dolor de las víctimas nunca se compensa con penas, por lo que el Ejecutivo autonómico procura actuar con rigor en las decisiones.
El Gobierno Vasco sostiene que evitar el sufrimiento resultante de estos actos no justifica incumplir la ley, ya que ello distinguiría el sistema legal del uso ilícito de la violencia por parte de grupos terroristas. Además, su departamento trabaja en acompañar a las víctimas, ofreciendo recursos para que no se sientan desamparadas en la búsqueda de verdad, justicia, reparación y reconocimiento.
Valoración de las progresiones y flexibilización
Sobre la sinceridad de los presos, la consejera apunta que los equipos técnicos evalúan a cada interno individualmente, verificando la coherencia entre sus acciones y discursos. Si existiera fraude, la aplicación de progresiones o beneficios penitenciarios no se otorgaría. Explica que actividades realizadas bajo el artículo 100.2, como trabajo o voluntariado, forman parte de la ejecución de la condena y no suponen libertad plena.
El objetivo es que los reclusos reconozcan el daño causado y rechacen sus acciones pasadas. Según San José, se debe evitar que su discurso previo continúe, promoviendo una verdadera transformación personal.
Críticas políticas y respuesta oficial
Respecto a las críticas del Partido Popular, la consejera recuerda que durante el mandato de José María Aznar se trasladaron presos a cárceles vascas y se concedieron progresiones de grado, todo dentro del marco legal vigente, en un contexto de intensa actividad terrorista por parte de ETA. También menciona que Aznar indultó a terroristas de Terra Iure, decisiones igualmente ajustadas a la ley.
San José rechaza la existencia de un pacto entre el Gobierno de Pedro Sánchez y EH Bildu para facilitar excarcelaciones. Sostiene que no existen privilegios ni derechos automáticos para estos presos; deben cumplir todos los requisitos legales y demostrar evolución y arrepentimiento para acceder a permisos o progresiones.
Herramientas penitenciarias: artículo 100.2 y terceros grados
El artículo 100.2 se define como un mecanismo legal y personalizado, aplicado tras informes técnicos que valoran factores como la evolución del interno, responsabilidad asumida, riesgo de reincidencia y capacidad de reinserción. El Gobierno Vasco actúa conforme a la ley, con decisiones motivadas y supervisadas judicialmente.
En cuanto a los terceros grados, se ponderan el tiempo cumplido y la evolución personal sin arbitrariedad, siendo cada caso valorado por la Administración y el control judicial en sus respectivos enfoques.
Exigencia de desclasificación de documentos oficiales
En otro ámbito, San José respalda la iniciativa del secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, respecto a la necesidad de localizar a desaparecidos durante la transición. Considera fundamental reformar la Ley de secretos oficiales para permitir acceder a documentación clave, que podría ayudar a esclarecer casos como los de Pertur, Lasa y Zabala, o víctimas de Bahía de Pasaia.
Afirma que es prioritario afrontar el pasado, por doloroso que sea, para lograr una convivencia sólida y evitar seguir ocultando información que beneficiaría a muchas familias.