Vox plantea modificar el Código Penal para expulsar a extranjeros condenados y quitarles la nacionalidad
Vox ha presentado en el Congreso una proposición de ley orgánica para reformar el Código Penal. El objetivo principal es reemplazar el cumplimiento de penas por delincuentes extranjeros con su expulsión del país, además de introducir la pérdida de la nacionalidad española para quienes no sean españoles de origen y hayan sido condenados por sentencia firme por cualquier delito.
Esta iniciativa propone modificar el artículo 89 del Código Penal para que cualquier pena impuesta a un extranjero condenado de forma definitiva sea sustituida por su expulsión de España, sin importar si la pena es leve, menos grave o grave.
En casos excepcionales, cuando sea necesario para proteger el orden jurídico y no existan tratados internacionales que garanticen el cumplimiento de la pena en el país de origen, el juez podrá ordenar que se cumpla hasta dos tercios de la pena y el resto sea sustituido por expulsión.
- Reforma del Código Penal
- Condiciones sobre la expulsión
- Pérdida de la nacionalidad
- Acuerdos internacionales
- Justificación de la propuesta
Reforma del Código Penal
Cuando la condena supere los cinco años, o se sumen varias penas que en total excedan ese tiempo, y no exista convenio con el país de origen para cumplir la pena, Vox propone que el juez determine el cumplimiento parcial o total de la pena, según lo necesario para mantener el orden jurídico y recuperar la confianza en la norma vulnerada.
Condiciones sobre la expulsión
El extranjero expulsado tendrá prohibido regresar a España por un periodo que podrá ir de diez a veinte años. Además, la expulsión implicará la cancelación de cualquier trámite administrativo para residir o trabajar en el país, así como la eliminación del derecho a recibir ayudas, subvenciones o prestaciones públicas de cualquier tipo.
Pérdida de la nacionalidad
Vox plantea también incorporar en el Código Penal la imposición de la pena de pérdida de la nacionalidad española para quienes no sean españoles de origen, hayan adquirido la nacionalidad y hayan sido condenados por sentencia firme por cualquier delito recogido en el Código o en leyes penales especiales, sin que esto afecte a las demás penas correspondientes al delito cometido.
Acuerdos internacionales
La iniciativa demanda que, en un plazo máximo de seis meses tras la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno establezca acuerdos multilaterales y bilaterales con otros Estados y promueva medidas en la Unión Europea. El fin es asegurar que la expulsión de delincuentes se acompañe del cumplimiento íntegro de las penas impuestas por los tribunales españoles en sus países de origen, con mecanismos de seguimiento periódico.
Justificación de la propuesta
En los argumentos, Vox considera insuficiente la reciente reforma sobre multirreincidencia, ya que, a su juicio, no aborda lo que identifica como el principal factor del aumento de la delincuencia en España: el fenómeno de la inmigración masiva.
El grupo parlamentario señala que su propuesta busca ofrecer una respuesta más eficaz para casos en que personas de origen extranjero cometen delitos, fortaleciendo la reacción del Estado con un régimen de expulsión más riguroso y efectivo, sin importar la gravedad específica de los hechos, siempre que se demuestre la intención de quebrantar la ley española.
Asimismo, Vox propone eliminar la excepción que permite evitar la expulsión por razones de proporcionalidad vinculadas a circunstancias personales o al arraigo, pues argumenta que el uso de vínculos familiares, sociales o laborales mínimos ha impedido la expulsión incluso en casos de delito reiterado.
Finalmente, la formación sostiene que la nacionalidad es un lazo entre la persona y el Estado, y que no debe permitirse que quienes hayan adquirido la nacionalidad española utilicen esa condición para actuar en contra de sus compatriotas. Por ello, plantea que el Código Penal y el Código Civil contemplen la pérdida de la nacionalidad por sentencia firme en estos casos.
