Juicio este martes por el despido de 2.000 moderadores de Meta en Barcelona
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) celebrará este martes el juicio por la demanda que cuestiona el despido colectivo de más de 2.000 trabajadores de CCC Barcelona Digital Services SLU, empresa que realizaba servicios de moderación para Meta.
El sindicato Fuerza Independiente Sindical de Trabajadores-Fist presentó la demanda solicitando la nulidad de estos despidos, argumentando que se vulneraron varios derechos fundamentales de los empleados, según informó el TSJC en un comunicado difundido este martes.
Entre las alegaciones se incluye la supuesta vulneración del derecho de reunión debido a irregularidades en la convocatoria de una asamblea, la falta de respeto del periodo de consultas y la ausencia de buena fe por parte de la empresa al no negociar ni proporcionar la información necesaria durante dicho periodo.
Las reclamaciones y la empresa
El proceso incluye como demandadas a las compañías vinculadas con Telus International, CCC Barcelona Digital Services SLU y Meta, dado que esta última estuvo involucrada en la decisión que afectó a toda la plantilla de moderadores en Barcelona.
Según el sindicato, la decisión de trasladar estos servicios a Austria, Alemania y Eslovaquia se llevó a cabo mediante la estructura internacional de Telus, no debido a causas reales que justifiquen la extinción, sino como una estrategia para eliminar a la plantilla y evitar la litigiosidad en España.
Antes del despido se registraron más de 1.200 reclamaciones relacionadas con supuestos casos de discriminación salarial por el idioma de trabajo, además de denuncias por deficiencias en la prevención de riesgos laborales y en la salud mental de los empleados.
El impacto económico del juicio
El juicio determinará si la clausura del centro en Barcelona y el traslado de la actividad fueron decisiones empresariales válidas o si se emplearon mecanismos societarios transnacionales para bloquear o dificultar el ejercicio de derechos laborales y judiciales de los trabajadores.
En caso de que la demanda prospere, podría declararse la nulidad de los despidos y la readmisión de los empleados, con un coste económico estimado por la parte demandante superior a 90 millones de euros.