Activistas de Greenpeace en libertad tras desplegar pancarta en Almaraz Madrid
- Activistas de Greenpeace liberados con cargos tras protesta en Madrid
- Conflicto sobre el futuro de la central nuclear de Almaraz
- Reacciones y denuncias por la actuación policial y judicial
Activistas de Greenpeace liberados con cargos tras protesta en Madrid
Nueve miembros de Greenpeace fueron detenidos el viernes por desplegar una pancarta en el Arco de Moncloa, Madrid. La pancarta reclamaba el cumplimiento del calendario para el cierre de la central nuclear de Almaraz, situada en Extremadura. Tras pasar más de 24 horas bajo custodia, los activistas quedaron en libertad con cargos, según informó la entidad ecologista en un comunicado.
Este suceso refleja la tensión existente entre la defensa del activismo climático y la respuesta legal ante las protestas pacíficas. Greenpeace ha puesto en evidencia la importante labor de estos activistas, a la vez que denuncia lo que considera una reacción desproporcionada por parte de las autoridades.
Conflicto sobre el futuro de la central nuclear de Almaraz
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) presentó un informe favorable que establece ciertas condiciones para renovar la autorización de explotación de Almaraz hasta el año 2030. La última palabra la tiene ahora el Gobierno, que debe decidir si la vida útil de esta central se extiende diez años más o se mantiene el cierre previsto.
La protesta en Madrid estaba dirigida directamente al presidente Pedro Sánchez, reclamando que se respete el calendario establecido para el cierre de Almaraz, evitando su prolongación. Este caso subraya la polémica vigente en torno a la energía nuclear y la transición energética en España.
Reacciones y denuncias por la actuación policial y judicial
Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España y Portugal, ha calificado la detención de los activistas como una "desproporción" que refleja una injustificada represión contra el activismo climático. La organización denunció la puesta a disposición judicial de los detenidos y la imputación de cargos como medidas excesivas frente a una protesta pacífica.
Greenpeace defiende que la protesta pacífica no es un delito, sino un derecho fundamental y una herramienta democrática. Además, subrayan que estas acciones legales no harán retroceder su compromiso con una transición energética urgente y justa, libre de las ataduras económicas y ambientales que conlleva la energía nuclear.
La organización ha recordado sentencias judiciales previas que absolvieron a activistas en casos similares, como el del Cercle en Barcelona, reconociendo la legitimidad de las protestas por una recuperación verde. Sin embargo, denuncian que persiste “una persecución sistémica a quienes denuncian de forma pacífica la inacción política y las presiones del oligopolio energético”.
