El Parlamento de Andalucía tumba el nuevo esquema de financiación
SEVILLA, 12 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Parlamento ha rechazado este jueves la propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica presentada por el Gobierno central. El motivo principal, según el texto debatido, es “su carácter regresivo e injusto, ya que consagra el principio de ordinalidad, con mayor financiación por habitante a las comunidades autónomas con mayor nivel de renta per cápita”.
La posición mayoritaria de la Cámara ha quedado reflejada en una iniciativa parlamentaria que fija una serie de exigencias sobre el procedimiento de negociación y sobre los criterios que deberían sostener el sistema. El debate ha situado el foco en los principios de igualdad y solidaridad entre territorios, así como en los efectos del modelo vigente.
- Rechazo a la propuesta de financiación autonómica
- Petición de negociación multilateral en el CPFF
- Argumentos del PP sobre el modelo y la propuesta de Hacienda
Rechazo a la propuesta de financiación autonómica
El Pleno del Parlamento ha rechazado la propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica impulsada por el Gobierno central. El rechazo se ha sustentado en la idea de que el planteamiento favorecería a las comunidades con mayor renta per cápita, al asociarse con el principio de ordinalidad y con una mayor financiación por habitante en esos territorios.
El pronunciamiento parlamentario se ha articulado a través de una proposición no de ley del PP, que ha salido adelante en su totalidad. En el texto aprobado se subraya que el sistema de financiación debe sostenerse en criterios de equidad y en la garantía de servicios públicos comparables entre ciudadanos.
Apoyos y votos en la Cámara
La proposición no de ley del PP ha contado con el respaldo necesario para su aprobación completa. En la votación, el PSOE y Por Andalucía han expresado su rechazo al contenido de la iniciativa.
El texto ha recibido apoyos puntuales por parte de Vox y del grupo Mixto-Adelante Andalucía. Con ese esquema de apoyos, la Cámara ha fijado una posición formal contraria al modelo planteado por el Ejecutivo central.
Petición de negociación multilateral en el CPFF
La Cámara ha instado al Gobierno central a iniciar una negociación con todas las comunidades autónomas de régimen común. El marco propuesto para ese diálogo es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con el objetivo de abordar un nuevo modelo de financiación autonómica.
El planteamiento aprobado defiende que el acuerdo debe alcanzarse entre el estado y el conjunto de regiones, y “y no de manera bilateral”. La iniciativa sitúa el procedimiento como un elemento clave para preservar los equilibrios del sistema común.
Posible impugnación por vías jurídicas
En el supuesto de que el Ejecutivo continúe la tramitación de su propuesta “sin el concurso del resto de comunidades autónomas de régimen común”, la Cámara ha solicitado a la Junta que active “las vías jurídicas a su disposición para su impugnación”.
El texto justifica esa eventual actuación al considerar que el planteamiento sería “totalmente contrario a los principios de igualdad y solidaridad que debe sustentar cualquier sistema de financiación”. La referencia a estos principios vertebra el conjunto de exigencias incluidas en la iniciativa.
Igualdad en servicios y financiación por habitante ajustado
La proposición aprobada reclama que el nuevo modelo garantice, por encima de todo, “el principio de igualdad”. En esa línea, se plantea que cada ciudadano pueda recibir servicios públicos con el mismo nivel de calidad, con independencia de su capacidad económica y del territorio de residencia.
Para ello, el texto apunta a la necesidad de igualar “la financiación por habitante ajustado en todas las comunidades”. La formulación pretende ligar la suficiencia del sistema a un reparto que reduzca diferencias en la prestación de servicios.
Fondo transitorio de nivelación mientras no haya nuevo modelo
La Cámara también ha instado al Gobierno a aprobar, mientras no exista un nuevo modelo, un fondo transitorio de nivelación. La finalidad señalada es “corregir el desequilibrio financiero que sufren cuatro comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, por el funcionamiento del vigente sistema”.
La petición se enmarca en la idea de que, hasta que se cierre una reforma completa, se adopten medidas que mitiguen los efectos atribuidos al modelo actual. La iniciativa sitúa este fondo como una respuesta temporal ante la falta de un acuerdo definitivo.
Argumentos del PP sobre el modelo y la propuesta de Hacienda
Durante la defensa de la iniciativa, el diputado del PP Pablo Venzal ha afirmado que el modelo de financiación autonómica no debe entenderse como un instrumento sujeto a coyunturas políticas. También ha señalado que no debería emplearse como herramienta para acuerdos bilaterales que alteren los equilibrios del sistema común.
Según la exposición realizada, el modelo se concibe como una verdadera política de estado, orientada al interés general, al fortalecimiento de la cohesión territorial y a la preservación del principio constitucional de solidaridad. Esa visión se ha utilizado como base para cuestionar la propuesta de reforma planteada por el Ministerio de Hacienda.
"ADOLECE DE IMPORTANTES DEFICIENCIAS ESTRUCTURALES"
Sobre la nueva propuesta presentada por el Ministerio de Hacienda, Pablo Venzal ha indicado que “adolece de importantes deficiencias estructurales”. En su argumentación, se sostiene que el documento no entra con profundidad en los problemas acumulados del modelo vigente.
El diputado ha citado, en particular, cuestiones vinculadas a la suficiencia financiera, la nivelación horizontal, la nivelación vertical y la solidaridad interterritorial. Además, ha descrito el enfoque como continuista, con cambios parciales que no constituirían una reforma integral para corregir los desequilibrios existentes.
Crítica a la ordinalidad y a la brecha entre territorios
En la misma intervención, se ha expuesto que “El sistema tiende a beneficiar en mayor medida a aquellas comunidades con mayor capacidad económica, ampliando la brecha entre territorios y comprometiendo la equidad en la prestación de los servicios públicos”. Esa advertencia se ha empleado para reforzar el rechazo al planteamiento.
Venzal ha añadido que este enfoque conduciría a “la aplicación de resultados compatibles con el principio de ordinalidad, aun cuando este no se recoja expresamente en la propuesta”. Con ello, la crítica se ha centrado en los efectos atribuidos al reparto y en su impacto sobre la igualdad territorial.
