LaLiga manda burofaxes a fans del fútbol pirata: pide más de 200 €
LaLiga, la patronal del fútbol español que preside Javier Tebas, ha puesto en marcha una nueva ofensiva contra quienes consumen retransmisiones ilícitas. El foco ya no está solo en quienes distribuyen la señal: ahora también se está señalando al espectador final.
Según ha podido saber este periódico, en las últimas semanas se están enviando cartas y burofaxes a usuarios a los que se les reclama el pago de importes que superan los 200 euros como compensación por acceder a contenido protegido.
El movimiento llega en un momento de máxima presión contra el streaming ilegal, y se apoya en una decisión judicial reciente que ha permitido dar un paso más en la identificación de quienes se conectan a este tipo de emisiones.
Denuncias ante el CSD por “cartas de amenaza”
Esta actuación se produce después de un auto dictado el 17 de noviembre de 2025 por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba, bajo la dirección del magistrado Antonio Fuentes Bujalance. Esa resolución autorizó a LaLiga a pedir a los grandes operadores de España —Telefónica, Vodafone, MasOrange y Digi— los datos de identificación de los titulares de direcciones IP vinculadas al acceso a partidos de fútbol vía streaming sin autorización.
La base técnica que ha hecho posible esa solicitud de datos se apoya en herramientas como AceStream, que funcionan con tecnología P2P (Peer-to-Peer). En este tipo de redes, el auto describe que el usuario no se limita a mirar: su dispositivo también participa como nodo y ayuda a redistribuir la señal, creando un “enjambre de servidores” que mejora la calidad de la emisión ilegal. Aun así, el magistrado indica que el usuario final suele actuar de forma “inconsciente”, aunque su papel quede integrado en el entramado técnico que permite la difusión del contenido ilícito.
Con el aval judicial para obtener esa información, expertos y personas afectadas sostienen que LaLiga estaría yendo más allá en el uso de los datos. El presidente de Cenafe, Miguel Galán, ha explicado a este periódico que ya se han detectado al menos cuatro cartas con reclamaciones económicas dirigidas a usuarios, y que alrededor de 110 consumidores se han sumado a una denuncia ante el Consejo Superior de Deportes (CSD) contra estas prácticas.
Galán defiende que el auto de Córdoba autoriza la entrega de datos para preparar acciones civiles, pero no para remitir “burofaxes intimidatorios” en los que se pide dinero por la vía “amistosa” mientras se deja caer la amenaza de una demanda. En la propia resolución, el magistrado Fuentes Bujalance subraya que en esa fase no se declara la responsabilidad de nadie por una infracción: la medida “simplemente habilita un acceso a información necesaria”. Además, se remarca que los datos obtenidos no pueden divulgarse ni comunicarse a terceros y deben emplearse únicamente para la tutela jurisdiccional.
