Díaz advierte del “vaciado” del derecho a vivienda y pide no especular
El debate sobre el papel del Estado Social en España y la protección de derechos fundamentales como la vivienda y la sanidad vuelve a estar en el centro de la agenda pública. Las recientes declaraciones de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, han puesto el foco en la necesidad de fortalecer el Estado Social, especialmente en ámbitos como la sanidad, la educación y el acceso a la vivienda. Según Díaz, garantizar estos derechos responde no solo a demandas sociales actuales, sino también a mandatos explícitos de la Constitución Española.
La vicepresidenta, en el marco de un acto en el Congreso con motivo de la conmemoración de la Constitución, enfatizó la urgencia de “actuar” para asegurar la calidad de servicios públicos y frenar lo que calificó como “vaciamiento” del derecho constitucional a la vivienda. Díaz alertó sobre la situación del mercado inmobiliario, asegurando que el acceso a la vivienda se ha transformado en una “fábrica de desigualdad”, e insistió en que la especulación ha sido permitida durante las últimas legislaturas tanto por el PP como por el PSOE.
Fábrica de desigualdad: el desafío de la vivienda
Las dificultades para acceder a la vivienda ocupan una posición central en las preocupaciones sociales actuales. Yolanda Díaz hizo hincapié en el artículo 47 de la Constitución, que reconoce el derecho de todos los ciudadanos a disponer de una vivienda digna y adecuada, además de prohibir la especulación inmobiliaria. No obstante, señaló que este principio ha sido “vaciado” de contenido en los últimos años y que la vivienda se ha transformado en uno de los principales motores del negocio especulativo en España.
La vicepresidenta subrayó que la escalada de precios del alquiler hace “imposible” para muchas personas acceder a una vivienda, especialmente en grandes ciudades. Recalcó que, aunque resulta fundamental ampliar el parque público de viviendas, la prioridad inmediata debería centrarse en la intervención del mercado inmobiliario. Entre las propuestas puestas sobre la mesa figura la prórroga automática de los contratos de alquiler sin incremento de precios y la prohibición de operaciones de compraventa que tengan carácter especulativo, medidas en línea con las sugerencias planteadas por Sumar.
Díaz instó a tomar medidas urgentes para frenar la subida de precios y revertir la situación actual. Invitó a prestar atención a las demandas de la juventud y otros colectivos afectadas, quienes, según la vicepresidenta, esperan soluciones que materialicen los derechos establecidos en el texto constitucional, en particular en lo relativo a la vivienda.
El Estado Social en el contexto constitucional
En su intervención, la vicepresidenta subrayó la importancia de recordar los orígenes de la Constitución Española, destacando que surge de las luchas de diversos colectivos, incluyendo la clase trabajadora, los estudiantes y las mujeres, más allá de los “palacios”. En este contexto, defendió la necesidad de proteger y potenciar el Estado Social, uno de los pilares centrales del texto constitucional.
Díaz insistió en que el desarrollo del Estado Social debe ser ahora una prioridad, en particular con la garantía de una sanidad, una educación y un empleo de calidad. Remarcó también el carácter “plurinacional” de la sociedad española y la riqueza de lenguas y culturas presentes en el país, subrayando la importancia de adaptar las políticas públicas a esa diversidad.
La vicepresidenta situó la defensa de las instituciones y la legalidad en el corazón del actual debate constitucional. Sin embargo, reconoció la necesidad de una reflexión profunda sobre los retos actuales, haciendo hincapié en el cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales consagrados por la Carta Magna.
Entre las demandas prioritarias identificadas figura la necesidad de consolidar el Estado Social, de modo que la ciudadanía tenga acceso universal a servicios y derechos básicos. En palabras de Díaz, la urgencia es “desarrollar” ese Estado Social para responder a las expectativas de la sociedad y asegurar la igualdad de oportunidades en ámbitos como la sanidad, la vivienda y el empleo.
